Viaje a las cárceles de Bachar al Asad

Laura Fernández Palomo AMÁN /CORRESPONSAL

INTERNACIONAL

MOHAMMED BADRA | efe

Una oenegé cifra en 63.000 los detenidos y exige al régimen ser el primero en vaciar las prisiones, como dicta el acuerdo

02 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Abdulá Ahmed Abo Helal es el último sirio arrestado por el régimen de Bachar al Asad, según el recuento del Centro de Documentación de Violaciones de Siria (VDC, por sus siglas en inglés). Su detención fue reciente, el 28 de enero, como consta en la lista de 63.632 nombres que esta oenegé actualiza desde el 2011. «La cifra es superior porque no podemos publicar la identidad de todos; calculamos que 25.000 están en centros secretos, la mayoría desde el inicio de la revolución», puntualiza su portavoz, Basam al Ahmad. Todavía no saben quién será liberado ni cuándo, pese a que el acuerdo de alto el fuego incluye la excarcelación de presos, tanto de los centros del régimen como de los grupos armados de la oposición, para avanzar en una solución política.

«El régimen tiene que dar el primer paso porque es el que tiene más detenidos en sus cárceles», reclama Al Ahmad. Entre ellos, la directora del VDC, Razan Zaitouneh, reconocida por la UE con el premio Sajarov en el 2011, que desapareció hace más de dos años. «No conseguimos localizarla», confirma. El problema, como denunció la ONU en un informe del 3 de febrero, es que Damasco deniega el acceso a las prisiones de las organizaciones de derechos humanos. «Deben facilitar el registro de detenidos y procesados, y permitir las visitas, sobre todo a los centros militares, para empezar a trabajar», solicitan desde el VDC al régimen de Bachar al Asad.

Exterminio

En el mismo escrito de la ONU, los expertos acusan al Ejecutivo de Damasco de «exterminio», tras cotejar 621 entrevistas que apuntan a una «muerte masiva» de encarcelados, incluidos mujeres y niños, como política de Estado. Un «crimen contra la humanidad», según la ley internacional. «Fueron golpeados hasta la muerte o fallecieron por sus heridas», figura en el documento.

La investigación también atribuye ejecuciones extrajudiciales y torturas a algunos grupos antigubernamentales y organizaciones terroristas.

Ahmad confía en que la tregua permita entrar en el detalle de las demandas que constan en blanco y negro en los acuerdos firmados, pero que no se han reflejado en la práctica. Cuando el Centro de Documentación de Violaciones de Siria asistió a las consultas preparatorias de Ginebra, suspendidas a principios de febrero, reclamó junto a representantes de la sociedad civil que la justicia transicional y la liberación de presos deberían estar en el centro del acuerdo. Lo mismo que mantienen de cara a la reactivación de las negociaciones el próximo miércoles en la capital suiza.

«Lo más urgente era la disminución del número de muertes; sin las bombas, la gente podrá respirar», valora Al Ahmad el actual alto el fuego que de mantenerse «abriría una puerta nueva a la medicación». Aunque en parte recela del transcurso de un proceso político que al Asad intentó marcar al convocar elecciones parlamentarias, pocas horas antes de la entrada en vigor de la tregua. «Sonó a broma, cuando muchos como yo no podremos votar», reprocha desde el exilio en recuerdo de los millones de refugiados, detenidos y desplazados por el conflicto sirio.