Europa se enfrenta al fin de Schengen en dos meses si no regula la migración

Tusk y Juncker responsabilizan a los Gobiernos nacionales por su inacción política


Bruselas / Corresponsal

«Tenemos dos meses, no más». Ese es el plazo que dio el martes el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a los Gobiernos nacionales para controlar la crisis migratoria dentro y fuera de sus fronteras. De no hacerlo, los días para disfrutar de la libre circulación del espacio Schengen estarán contados.

«La cumbre de marzo es la fecha límite. Si no se consigue, nos enfrentamos al colapso de Schengen», advirtió el polaco ante la Eurocámara antes de suplicar a los países miembros que apliquen «urgentemente» los acuerdos migratorios cerrados en el último año. Hasta ahora, ni el esquema de los centros de identificación de migrantes (hotspots) ni el programa de reubicación están dando resultados debido a la falta de voluntad política de los líderes europeos para hacerlos funcionar a pleno rendimiento.

El mensaje, tan emotivo como apocalíptico, es la última llamada de atención que se lanza desde el corazón de Europa para evitar la desintegración de uno de los pilares fundamentales en los que se asienta el proyecto comunitario, un plan que se tambalea desde sus cimientos. En Noruega, Suecia, Dinamarca, Austria, Alemania, Francia y Malta siguen vigentes los registros temporales introducidos en los últimos meses en su fronteras internas, un hecho que preocupa al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, quien acusó a ciertas capitales de establecer esos controles con cierta «ligereza», no sin antes alertar del «formidable» coste económico que tendrán.

Nadie oculta a estas alturas en Bruselas el temor a la ruptura por la nefasta gestión de los flujos migratorios: «Si los países hubieran tomado medidas, estaríamos en una situación mucho mejor [...]. Ahora hablamos de la supervivencia de Schengen», lamentó Juncker tras recordar que solo fueron reubicados 272 de los 160.000 refugiados que preveía el plan aprobado en verano por la Comisión. El luxemburgués se sumó a las demandas de Tusk a los países miembros para que dejen atrás los «egoísmos nacionales» y respeten las decisiones adoptadas: «No hemos hecho lo suficiente. Esa es la pura verdad. Quizá se trate de la primera vez que pienso que todo el sistema político en Europa está en juego», admitió con amargura el polaco. 

Por delante queda el trabajo más difícil: «Disciplinar» a los socios díscolos que se niegan a colaborar en la creación de una política migratoria y de asilo común. El coste político para algunos Gobiernos puede llegar a ser muy alto. La oposición ciudadana a la acogida de refugiados ha crecido, especialmente tras los sucesos de Colonia en Nochevieja. Las críticas al Ejecutivo de la canciller alemana, Angela Merkel, no cesan. El miedo de los europeístas es que Alemania anuncie un cierre de fronteras unilateral: «Será el final de Schengen y el final de Europa», advirtió el martes el líder de los liberales europeos, Guy Verhofstadt.

Nuevos disturbios tras una protesta por la construcción de un centro de acogida

La crisis migratoria continúa fuera de control en Holanda, que registró en la noche del lunes varios actos violentos en Heesch, tras una manifestación contra la construcción de un centro de acogida. Hubo tres detenidos y varios concejales fueron evacuados del Ayuntamiento tras ser atacados desde el exterior con huevos y bengalas. Los disturbios se multiplicaron en el país en los últimos meses, obligando a las autoridades a aplazar la recepción de demandantes de asilo. Los últimos sucesos se suman a la aparición el pasado miércoles de dos cerdos muertos, uno ahorcado, en la zona donde se iba a erigir un complejo para asilados en Oss.

El Supremo decidirá si las órdenes de Obama para evitar las deportaciones son legales

Millones de inmigrantes en EE.UU. respiraron el martes aliviados al anunciar el Tribunal Supremo que revisará las órdenes ejecutivas sobre inmigración que aprobó Obama en el 2014. Las leyes con las que el presidente de EE.UU. quería impedir la deportación de cinco millones de extranjeros y darles permiso de residencia y trabajo temporales fueron denunciadas por 26 estados, la mayoría gobernados por republicanos, excepto dos, y están en suspenso. El Supremo hará pública su decisión a finales de junio, lo que podría posibilitar la aplicación de dichas leyes dentro de apenas meses.

Las órdenes ejecutivas de Obama permitían a padres de niños nacidos en EE.UU. y a inmigrantes que llegaron de pequeños optar a un alivio migratorio que no legalizaría su estatus plenamente, aunque sí les permitiría vivir y trabajar legalmente al menos durante unos años. Poco después de aprobarse, 26 estados, liderados por Tejas, denunciaron ante la Justicia y lograron paralizar la ejecución de las órdenes recurriendo a una triquiñuela legal: la legalización, aunque fuera temporal, de tal cantidad de personas los obligaría a ellos a asumir parte del coste, por lo que la Casa Blanca no tiene derecho a promulgar esa ley sin contar con ellos. En concreto, Tejas mencionó el carné de conducir, cuya obtención está subvencionada en el estado sureño.

Un primer juez tejano falló a en contra del Gobierno, que recurrió la sentencia. El tribunal de apelación volvió a dar la razón a los 26 estados. Fue entonces cuando el Gobierno de Obama apeló al Supremo.

Apurar los plazos

Los plazos son a partir de ahora esenciales. A Obama le queda un año antes de que el próximo presidente asuma el cargo en enero del 2017 y, si el fallo del alto tribunal es rápido, tendrá tiempo para ejecutar las normas. Además, dificultaría a los republicanos imponer su criterio, pues resulta muy difícil anular una orden ejecutiva que ya esté funcionando.

El congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez, abanderados de la defensa de los indocumentados, expresó su confianza en que en la decisión del Supremo «prevalezca el punto de vista de Obama». «La ley, el precedente legal y la gente están del lado del presidente», expresó a través de un comunicado.

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