Un autobús con droga, posible móvil del ataque a los 43 estudiantes de México

Una investigación desmorona la versión oficial y pone en jaque al gobierno de Peña Nieto


La ocupación de un autobús cargado de droga oculta pudo ser el móvil del ataque armado y la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad mexicana de Iguala hace casi un año, declararon este domingo expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta nueva investigación desmorona la versión oficial de que los jóvenes habían sido incinerados en un basurero. 

El grupo que investiga el caso desde hace seis meses indicó en un informe presentado en la capital mexicana que la noche del 26 de septiembre de 2014 los jóvenes se apoderaron de cinco autobuses para trasladarse, pero la investigación no da cuenta de uno de ellos.

Testimonios de los estudiantes que sobrevivieron a los ataques de esa noche en Iguala por parte de policías y documentos contradictorios en torno a dicho vehículo de la empresa Estrella Roja, entre otras evidencias, muestran que este autobús es «central» en la investigación.

La toma de los autobuses en Iguala para desplazarse a la capital mexicana a fin de participar en una manifestación podría haberse cruzado con la «existencia de drogas ilícitas (o dinero)» en una de las unidades, específicamente en la de Estrella Roja, aseguró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En una comparecencia ante prensa, el experto Carlos Beristain, aseguró que «el patrón de actuación» de los perpetradores de los ataques aquella noche muestra una intención de «no dejar salir los buses de Iguala» y «acabar con cualquier posibilidad de huida».

Los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aseguró el experto, no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni atacaron a la población, como se señaló en distintas versiones.

Nada de ello, ni el supuesto castigo a los normalistas como represalia por la toma de autobuses, explican «la masividad, la reacción tan hostil y la generalización de escenarios de violencia directa contra las personas y los autobuses», apunta el GIEI en el documento.

La noche del 26 de septiembre seis personas, entre ellas tres estudiantes, murieron en los ataques y 43 más fueron detenidas y entregadas a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes supuestamente les asesinaron e incineraron en un basurero de Cocula.

EL GIEI destacó que el modo de actuar «tan atroz y sofisticado» de esa noche, «sin contar con las directrices», métodos, materiales para «convertir en cenizas» a los estudiantes para que no pudieran ser identificados «no tiene precedentes» entre los miembros del cártel de Guerreros Unidos.

En cambio, añadió, el nivel de intervención de policías de dos municipios (Iguala y Cocula) en los ataques en diversos escenarios, como muestran los documentos, testimonios y peritajes evaluados por el GIEI, revelan la «necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes». 

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