¿Se imaginan a la policía local de su pueblo o de su ciudad conchabada con un promotor inmobiliario para expulsarle de su casa sin que medie una orden judicial? Policías y matones entrando en su vivienda sin ningún tipo de permiso, golpeándole y sacándole a rastras para que entre la piqueta. Si se resiste, pueden encarcelarle sin juicio previo e incluso matarle.
Amnistía Internacional analiza en un informe 40 casos de desalojos forzoso en China. Algunos tan espeluznantes que involucran directamente a menores, como el secuestro de un niño de 20 meses por parte de un policía de Sichuan, que se negó a devolverlo hasta que su madre firmase una orden de desahucio. Otros tampoco tienen miramientos con los ancianos. Wang Cuiyan, de 70 años, murió enterrada viva por una excavadora cuando trató de impedir que derribasen su casa en la provincia de Hubei. Son los casos más extremos pero en miles de pueblos se contrata a matones para que corten a luz, la calefacción o el agua de la vivienda a todas las personas que no quieran abandonarlas «por las buenas». Si continúan en su empeño, el acoso inmobiliario irá subiendo en intensidad hasta que un día aparece la excavadora por la puerta.
Esta locura destructiva tiene su origen en el fuerte endeudamiento de los gobiernos locales con los bancos estatales para financiar proyectos de crecimiento. El Gobierno puso en marcha un plan de estímulo económico de 4 billones de yuanes en el 2008 (unos 400.000 millones de euros), cuando estalló la crisis financiera mundial. Desde entonces, esta oenegé denuncia que Pekín asciende a los funcionarios locales que promueven el crecimiento, sin importar cómo lo consiguen. El negocio de expulsar a la gente de sus casa y revender el terreno es rentable y efectivo para devolver esa deuda, aunque en China el suelo sea público y con una titularidad de hasta 70 años. Pero los desalojos generan un descontento popular, del que el propio Gobierno sabe de su gravedad.