U na cosa está clara: el encargado de redactar los comunicados de la Junta Militar Suprema egipcia no es muy aficionado a entrar en detalles. Pero, con todo y ser escuetas, las últimas dos notas de los nuevos amos del país (aunque más bien habría que calificarlos de conserjes) aclaran algunos puntos cruciales.
En primer lugar, el Ejército no aspira a reemplazar la legalidad, es decir, no piensa quedarse con el poder. Significativamente, no declara la ley marcial, algo que haría sin dudarlo si pretendiese jugársela a los manifestantes. Mientras, el Gobierno actual seguirá gobernando en funciones, en lo que prometen ser unos consejos de ministros muy poco animados, «hasta que otro Gabinete lo sustituya».
Ese será el momento clave, porque ahí el Ejército tendrá que retratase de cuerpo entero. Si se le ocurriera repartir los cargos entre militares, la calle volvería a reventar. Esa opción parece ahora mismo casi imposible. Incluso si nombra un Gobierno con repuestos del antiguo régimen habrá problemas más serios que en Túnez, donde se intentó eso mismo. La única opción que garantiza la calma es la de un Gobierno de unidad formado por representantes de todas las fuerzas políticas. Llegados a ese punto, el Ejército pasaría a un segundo plano y el camino a la democracia quedaría expedito: disolución de las Cámaras, reforma de la Constitución, elecciones a un Parlamento constituyente... Pero falta que los militares propongan un calendario. Sin eso, la tranquilidad es solo a medias.
Los militares también han querido tranquilizar a la Casa Blanca, incapaz de ver este hecho histórico a través de un prisma más amplio que los intereses de Israel. A ellos va destinada la garantía de que Egipto «mantendrá sus compromisos internacionales». Se refieren, por supuesto, al tratado de paz de 1979 con Israel. Puede que esto calme a Washington, pero no tanto a Tel Aviv. Por mucho que los israelíes hayan pretendido que lo que temen es un Egipto islamista, un Egipto democrático es una catástrofe aún mayor para el estatus de Israel en la región. Egipto no cancelará el acuerdo de paz (al fin y al cabo es un armisticio por una guerra que ya acabó), pero ya no tolerará comportamientos como la invasión israelí del Líbano del 2006, las masacres en Gaza en el 2009 o un hipotético ataque a Irán. Las reglas del juego han cambiado.
Lo más importante es que el Ejército egipcio parece haber entendido que no tiene ningún papel que jugar en un sistema político moderno. Si es así, sería toda una segunda revolución en un país que no ha conocido otra legitimidad política que la de los sables. Lo que no quiere decir que todo vaya a ir como la seda. Los militares tienen intereses importantes en la economía y la tentación de una ley de punto final que absuelva los crímenes del régimen, como en Argentina y en España, puede acabar pesando. Pero por el momento algunos altos cargos de Mubarak ya están detenidos y a otros se les ha retirado el pasaporte. Y lo mejor es que no parece que sea por convencimiento democrático, sino porque, por increíble que parezca, el Ejército, por ahora, teme al pueblo más que el pueblo al Ejército. El mundo al revés.