Desde 1973, más de mil personas han sido ejecutadas de forma legal en EE.?UU. Considerado uno de los temas más espinosos de la sociedad norteamericana, la implantación de la pena de muerte era apoyada hasta hace poco por casi dos tercios de población. Sin embargo, y tras la decisión de doce estados de suspender de forma indefinida sus ejecuciones, el respaldo a la pena capital cayó este año a mínimos históricos, con un 47% de los ciudadanos apoyando la conmutación de esa condena por la cadena perpetua. Una nueva visión que, según los expertos, va más allá de conceptos morales o del alto índice de inocentes ejecutados demostrado en los últimos tiempos.
Esta nueva mayoría podría emerger tras la publicación de varios estudios que demuestran la falta de efectividad de las ejecuciones.
Por una parte, y en contra de la máxima que asegura que la pena de muerte reduce la criminalidad, diversas investigaciones han demostrado que los estados que ajustician reos tienen hasta un 46% más de crímenes violentos. También el ahorro administrativo, otra de las razones aducidas por los defensores de la pena capital, resulta insuficiente. De hecho, mantener a un reo con vida durante toda su existencia es más barato que ejecutarlo, con costes que alcanzan hasta los dos millones de dólares por ajusticiado. «El problema es que ahora muchos de los condenados recurren durante años, lo que genera grandes gastos a la Administración», aseguró a The Economist el experto M. Radelet.
Inyección letal sin humanidad
Pero de todos los argumentos esgrimidos por los abolicionistas, tan sólo las críticas a la inyección letal parecen haber calado entre los gobernantes. Conocida también como la «muerte dulce» durante décadas, este compuesto químico, cuyo objetivo es paralizar el corazón, fue promocionado desde las penitenciarías como el único método «humano» para llevar a cabo las ejecuciones.
Esta aseveración fue desmontada al darse varios casos que demostraron que la inyección causaba largas agonías en los ajusticiados si no eran sedados adecuadamente.
El suceso más evidente ocurrió hace unos años en Florida, cuando un condenado a muerte, Ángel Nieves Dias, tardó más de 34 minutos en morir en medio de fuertes dolores y gritos.
La polémica suscitada hizo que el mismísimo gobernador del estado suspendiera de forma indefinida las ejecuciones. Aunque la medida fue revocada unos meses más tarde, tras la elaboración de un manual de «humanidad» en el que un comité de la ciudad recomendaba hasta 37 nuevas fórmulas para aplicar debidamente la inyección.
La decisión de Florida fue seguida por varios estados, entre ellos Tennessee, que la semana pasada prohibió la aplicación de la inyección, tras varios meses de incertidumbre. La nueva ley se ampara en una resolución judicial del magistrado Aleta Trauger, quien en su dictamen considera que «la inyección letal es un método horrible y absolutamente cruel de morir». Un alegato que seguramente no será compartido por el presidente del país, George W. Bush, quien ostenta el récord como el segundo gobernador más sanguinario de la historia, con 152 muertes en su currículo.