La dirección echó, a instancias de EE.UU., a varios funcionarios de la isla El Gobierno califica la clausura de sanción administrativa, para no irritar a Washington
09 feb 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Argumentando irregularidades operativas y de construcción, el Ayuntamiento de la Ciudad de México cerrará en cinco días el hotel Sheraton, que por orden de Estados Unidos expulsó hace unos días a una delegación cubana. Al poco de tomar la decisión, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Ernesto Derbez Bautista, informó de que su Gobierno ha hecho saber de manera verbal a Washington la conveniencia de que revise su concepto de aplicación extraterritorial de las leyes, pues en el caso de México «no es permisible». La salida forzada de los funcionarios cubanos, que negociaban con empresarios estadounidenses, se produjo como consecuencia de una orden emitida por el Gobierno de EE.UU. a la dirección de la cadena hotelera, de capital norteamericano. Desde que se produjo el incidente, el modo de darle una solución ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Vicente Fox. Por un lado, es conocida su proximidad a su homólogo George W. Bush y su oposición a las doctrinas del régimen cubano. Por otro, pasar por alto el suceso, después de la notoriedad que alcanzó en los medios, supondría una especie de humillación. De ese modo, se optó por una decisión salomónica: sancionar al hotel Sheraton, uno de los más reputados del país, sin vincularlo con el incidente diplomático. El secretario de Interior, Carlos Abascal, explicaba que «se violó la ley mexicana y se van a aplicar las sanciones correspondientes, sin que eso implique un reconocimiento de que Estados Unidos violó la soberanía mexicana». Faltas ingeniosas Dentro del capítulo de deficiencias, es evidente que el Gobierno ha buscado a fondo una base para el castigo. Una responsable municipal de la capital, Virginia Jaramillo, señalaba que «hay una violación que se ha cometido en el uso y el funcionamiento del hotel en 3.000 metros cuadrados, que implican una clausura inmediata». «De igual manera -abundó Jaramillo-, hemos detectado que tienen dos bares sin licencia [...] y tampoco cuenta con el personal para brindar primeros auxilios, sobre todo en el área de la piscina». Además de esas dos irregularidades, la responsable municipal señaló que la gerencia no tenía «el menú en escritura tipo braille» para invidentes, como exige la ley. Una fuente del hotel resumió la sorpresa de sus directivos y explicó que nunca, en los más de 40 años que tiene el establecimiento en México, se habían hecho tales observaciones. «Jamás nos han hecho una revisión de las instalaciones, nunca nos han cuestionado sobre la licencia del bar y sobre el menú en braille. Que revisen otros hoteles, ninguno cuenta con ese menú. Si nos aplican la ley, que la apliquen a todos», respondió la fuente. El Congreso mexicano se sumó a las críticas a los causantes del incidente y exigió «que se apliquen las medidas diplomáticas adecuadas para evitar que este tipo de sucesos se repitan en el futuro».