ERC pide investigar si el PP está implicado en los sobornos a Sadam

La Voz AGENCIAS | MADRID

INTERNACIONAL

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que las 45 empresas españolas, de las más de 2.000 inculpadas por la ONU por pagar sobornos al régimen de Sadam Huseín en el marco del plan Petróleo por alimentos , serán «investigadas hasta el fondo» y se depurarán las responsabilidades penales que pudiera haber. Además, resaltó la gravedad de la comisión de un «fraude tan masivo». Por su parte, Esquerra Republicana pedirá la creación de una comisión de investigación parlamentaria que estudie si «el PP y sus afines se lucraron a costa de miles de víctimas». Los republicanos emplazan al líder del PP, Mariano Rajoy, a «dar la cara y confirmar o desmentir» la supuesta implicación de «destacados miembros de su partido en esta trama corrupta». Parlamentario español En un comunicado, Esquerra identifica al político denominado en el informe Javier Robert con Javier Rupérez, ex diputado del PP, embajador en EE.?UU. durante el segundo mandato de José María Aznar, y actual presidente del Comité contra el Terrorismo de la ONU. Además, el informe habla de un parlamentario del Spanish People's Party (Partido Popular Español). El portavoz de ERC en la Cámara baja, Joan Tardá, expresó que sería «una inmoralidad» que se confirmara la implicación de Rupérez -éste la negó tajantemente- porque significaría que, «aparte de dar cobertura a una guerra ilegal e ilegítima, el PP y su entramado empresarial, así como oenegés afines se habrían lucrado a costa de miles de víctimas civiles e inocentes». También se dirigió al PSOE para advertirle de que «tiene el deber moral de investigar lo acaecido, después de estar en primera línea de las movilizaciones populares de denuncia de la ocupación de Irak». El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Exteriores, Gustavo de Arístegui, afirmó que todo el que «haya cometido algún tipo de ilegalidad debe asumir las consecuencias». No obstante, pidió prudencia sobre la mención de un miembro del Spanish People's Party. «El nombre es insuficientemente claro, y hasta que no haya una acusación formal con nombres, apellidos y DNI tenemos que ser muy prudentes», concluyó.