La ONU afirma que en Darfur no hay un genocidio sino matanzas
INTERNACIONAL
Kofi Annan se muestra partidario de imponer sanciones contra Jartum Acusa al Gobierno sudanés y a las milicias yanyawid de destruir aldeas, violar y asesinar
01 feb 2005 . Actualizado a las 06:00 h.El Gobierno de Sudán no ha seguido de forma deliberada una política de genocidio en la región de Darfur, aunque sí ha cometido, con el apoyo de las milicias, graves violaciones de derechos humanos. Esta es la conclusión del informe de la Comisión Internacional de Investigación, que fue difundido el lunes por la noche en la sede neoyorquina de Naciones Unidas. El esperado reporte -elaborado a petición del Consejo de Seguridad- precisa que sí se han detectado indicios de genocidio en algunos altos miembros del gobierno pero no una intención expresa de Jartum en ese sentido. No obstante, los expertos acusan a las autoridades y a las milicias yanyawid bajo su control de la destrucción de aldeas, matanza de civiles, abusos sexuales y pillaje, que fueron considerados como «crímenes contra la humanidad». Los investigadores insisten en que estos actos «no son menos serios o atroces que el genocidio», por lo que recomienda a la ONU que lleve el caso ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). A la luz de los nuevos datos, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, pidió ayer al Consejo de Seguridad que no descarte la posibilidad de imponer sanciones contra el régimen de Jartum. Asimismo, Annan se mostró partidario de llevar el caso al TPI. Fuentes diplomáticas vislumbran en este punto una nueva batalla diplomática entre los partidarios de seguir esta recomendación y Estados Unidos, que prefiere que se establezca un tribunal ad hoc para este caso, ya que Washington no reconoce la autoridad del TPI por miedo a que pudiera enjuiciar a sus tropas. Del resto de los 14 miembros del Consejo, 9 (Francia, Benin, Brasil, Rumania, Argentina, Dinamarca, Grecia, Reino Unido y Tanzania) ya ratificaron el estatuto que lo creó mientras faltan por hacerlo Rusia, Argelia, Japón y Filipinas. China no ha firmado ni siquiera su adhesión. Human Rights Watch advirtió de que «el retraso que conllevaría crear un tribunal especial sólo causará la pérdida de más vidas inocentes» y añadió que la Casa Blanca «parece estar dispuesta a sacrificar más víctimas en nombre de su campaña ideológica contra el TPI».