Los norteamericanos y los extranjeros han visto recortados muchos de sus derechos
08 sep 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El mito del Gran Hermano, la amenaza velada de que hay un gran ojo que todo lo ve está dejando de ser ficción para convertirse en realidad. El escritor George Orwell imaginó un mundo de control del ciudadano a escala planetaria que hoy parece más posible que nunca, sobre todo en Estados Unidos. Al declararse la guerra internacional contra un enemigo fantasma llamado terrorismo, los norteamericanos vieron como valores básicos de su democracia desaparecían del mapa legislativo, sin que los propios legisladores apenas se inmutaran. Seis semanas después de los atentados un Congreso atemorizado por el ántrax y con miedo a nuevos ataques aprobaba la Ley Patriótica por 356 votos frente a 66. El Senado, de mayoría demócrata, votaba 98-1. Entraba así en vigor una ley de 342 páginas que introducía los mayores cambios legislativos de su historia sin apenas debate. Una ley sin enmiendas «!La consigna del partido era que no introdujéramos enmiendas. ¿Cómo no hacerlo con la cantidad de propuestas inquietantes para la libertad que proponía la ley?», afirmaba hace unos días el demócrata Russell Feingold, el único senador que votó en contra. Según Nancy Chiang, abogada del Centro para la Defensa de los Derechos Constitucionales, «la ley Patriótica otorga poderes ilimitados al Gobierno que no pueden controlarse ni por el brazo legislativo ni el judicial, permite la detención indefinida de sospechosos de terrorismo, crea un nuevo delito, 'el terrorismo doméstico' que permite el control de la correspondencia electrónica de los ciudadanos, hasta de sus lecturas y constituye una amenaza clara contra todo activista político. Además es una amenaza para todo inmigrante, que puede ser acusado sin apenas pruebas, de actividad terrorista y por consiguiente ser expulsado». Pero ésta fue sólo la primera de una serie de medidas que se han ido aprobando, algunas en el silencio, y otras a bombo y platillo, para, según Bush, «ayudar a combatir la mayor amenaza con la que se haya enfrentado nuestro país». La realidad, según muchos activistas políticos, algunos jueces y todos los defensores de los derechos humanos, es que se está cometiendo un atentado en toda regla contra la libertad ciudadana. En enero, Human Rights Watch (HRW) denunció en un estudio que tras el 11-S países como Rusia, Uzbekistán y Egipto habían utilizado la lucha contra el terrorismo como excusa para lanzar campañas militares o acabar con oponentes políticos. Según la misma organización, con la cruzada antiterrorista se corría el riesgo de recortar los derechos humanos más básicos. «Los terroristas creen que todo vale para su alcanzar su causa. La lucha contra el terrorismo no puede entrar en esa lógica. Los derechos humanos no pueden comprometerse en nombre de ninguna causa», afirma Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.