El ex-gobernante ecuatoriano se trasladó hace tiempo a Estados Unidos Jamil Mahuad, derrocado el 21 de enero en una insurrección cívico-militar, ha ingresado en el grupo de ex-gobernantes ecuatorianos procesados y prófugos de la Justicia tras la orden de detención preventiva dictada la noche del jueves en su contra por ordenar la incautación de cuentas bancarias en marzo de 1999. Su abogado defensor, el ex-representante de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Patricio Vivanco, se sorprendió de la decisión judicial y confirmó que el derrocado ex-presidente está trabajando en Estados Unidos y que sólo retornará si se le ofrecen garantías para su regreso.
14 jul 2000 . Actualizado a las 07:00 h.El ex-mandatario, según el abogado Vivanco, está dispuesto a defenderse de las acusaciones, pero teme que la orden de prisión en su contra pueda afectar ese propósito. De momento, Mahuad (agosto 1998-enero 2000) ha entrado en la lista de los más buscados por presunta corrupción y estafa al Estado y que están fuera del país. El ex-jefe de Estado Abdalá Bucaram (agosto 1996-febrero 1997), asilado en Panamá, también pertenece a este grupo en el que se incluye el ex-vicepresi-dente Alberto Dahik, que reside en Costa Rica, y una larga lista de antiguos funcionarios. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el jueves la detención preventiva de Mahuad y de la que fuera su ministra de Finanzas y posteriormente embajadora de Ecuador en España, Ana Lucía Armijos. El presidente de la CSJ, Galo Pico, señala en el sumario que «existen indicios de varios delitos contra las garantías constitucionales y contra la Administración pública que merecen pena privativa de la libertad» contra los implicados. Además, solicita los testimonios de varios ex-ministros. Pero la actuación de la Justicia fue criticada por uno de los más fervientes críticos de Mahuad, el ex-titular de Interior Francisco Huerta, quien calificó esa decisión de «inútil» y tardía. «La resolución es llamativa, pero absolutamente inútil, porque (Mahuad) está fuera del país desde hace tiempo», señaló. Indicó que la ilegalidad de la incautación de depósitos fue denunciada por la oposición en su momento, por lo que se declaró sorprendido de que haya transcurrido tanto tiempo para que al fin la Justicia haya tomado en serio la acusación.