Pide que se garantice la inmunidad a sus militares, funcionarios y dirigentes Uno de los principios que guían los sistemas de Justicia en las democracias es que ha de ser igual para todos. La Justicia ha de ser ciega. Pero en la opinión de Estados Unidos, ese principio es aplicable sólo a los demás. Al parecer, sus militares, funcionarios y dirigentes deben gozar de inmunidad. Esta es la postura que Washington mantiene respecto al Tribunal Penal Internacional (TPI) en ciernes.
30 jun 2000 . Actualizado a las 07:00 h.JAIME MEILÁN NUEVA YORK. Corresponsal Ayer culminaron tres semanas de negociaciones en la ONU destinadas a poner en marcha el TPI creado hace dos años en Roma. Se trata de establecer un organismo permanente que juzgue los crímenes contra la humanidad, de guerra y de genocidio cuando los estados individuales no quieran o no puedan actuar. En Nueva York se han adoptado sus normas de procedimiento y definido en detalle los crímenes. Cuando se acordó formar el tribunal, EE UU _junto con China e Irak_ fue uno de los siete países que votaron en contra. Su determinación por boicotearlo se ha vuelto a poner ahora de manifiesto. La Administración Clinton sostiene una postura que colocaría a sus soldados y líderes civiles fuera del alcance del tribunal. Los estadounidenses, según explicó el embajador de Washington, David Scheffer, gozarían de inmunidad frente a un eventual procesamiento. Pero se garantizaría, añadió, que los ciudadanos de «naciones irresponsables» puedan ser juzgados y condenados. Estados Unidos entiende que el diseño del tribunal haría a sus nacionales vulnerables a «procesamientos políticamente motivados», por actos cometidos en otros países. La estrategia norteamericana se ha encontrado con un «no» rotundo incluso entre sus aliados. Sheffer, sin embargo, mantiene que se ha alcanzado un acuerdo para que en la próxima ronda de negociaciones, a celebrarse en noviembre y diciembre, se considere la excepción propuesta por Washington. La fórmula consistiría en permitir que el TPI alcance acuerdos con naciones individuales que excluyan a éstas de su jurisdicción. Fuentes diplomáticas auguran que Estados Unidos no firmará ni ratificará el estatuto del TPI en muchos años. Pero por si a la Administración le llega a temblar el pulso, el senador republicano Jesse Helms, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, ha prometido que no se le dará el visto bueno «mientras yo viva». También ha introducido una propuesta de ley que impedirá la participación estadounidense en misiones de paz si no se garantiza la inmunidad de sus soldados, y prohibirá la asistencia militar a todo país que ratifique el tribunal.