El Gobierno dice que «no procede» el rescate de la AP-9 y defiende la legalidad de la concesión

La Voz REDACCIÓN

GALICIA

Las obras de ampliación del puente de Rande permiten a Audasa subir todos los años un 1 % extra el precio de todos los tramos de la AP-9
Las obras de ampliación del puente de Rande permiten a Audasa subir todos los años un 1 % extra el precio de todos los tramos de la AP-9 XOAN CARLOS GIL

El PP reprocha al Ejecutivo que siga «facendo negocio» cuando las bonificaciones tienen un coste similar al del rescate

01 feb 2026 . Actualizado a las 12:22 h.

«El contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje AP-9 está plenamente en vigor, por lo que no procede su rescate». Esa es la respuesta que el Gobierno central ha dado al senador del PP José Manuel Balseiro, que preguntó por qué se descarta el rescate.

Los populares afirman que retirar la concesión a Audasa -que ha sido prorrogada por gobiernos del PSOE y, la última vez, del PP- tendría un coste «similar», unos 2.356 millones de euros, al que tendría mantener las vigentes bonificaciones hasta el final del del contrato. Sin embargo, el mantenimiento de los peajes supone un «agravio comparativo a Galicia respecto a outros territorios». Ponen como ejemplo Navarra, que ya recibió la AP-67, o Alicante, donde se liberaron los peajes de la AP-7. Para el PP, Pedro Sánchez «pretende seguir facendo negocio á custa do peto dos galegos».

Los populares consideran además justificado el rescate tras el dictamen de la Comisión Europea que considera irregular la última prórroga de la concesión, aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar en el 2000. El Gobierno considera que ese dictamen, emitido en julio del 2025, «no supone la ilegalidad de la prórroga de esta, ya que el único órgano competente para decretarlo son los tribunales de Justicia».

Además, el Ejecutivo afirma que el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea por posible incumplimiento de la legislación en materia de contratación pública, en las concesiones de la AP-9 y la AP-66 (Asturias-León), no ha concluido y, por lo tanto, «la información relativa al mismo está sujeta a confidencialidad». Ese sería el motivo por el que no se atienden las reiteradas peticiones de la Xunta para acceder al expediente.