Oficialmente llamada zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil debe ser aprobada por el Consejo de Ministros e implica desde la adopción de ayudas a los damnificados a la activación de medidas fiscales o laborales
19 ago 2025 . Actualizado a las 20:28 h.Las áreas más afectadas por los incendios de estos días serán declaradas zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Ese es el nombre oficial recogido en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil para llamar a lo que popularmente se conoce como zona catastrófica, una declaración que será aprobada en el Consejo de Ministros del martes, como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana. Esta declaración implica, entre otras cosas, una mayor agilidad a la hora de acceder a ayudas directas, pero también la opción de poner en marcha medidas fiscales como la exención del IBI para viviendas, explotaciones y negocios dañados o la puesta en marcha de moratorias en el pago de cotizaciones para autónomos y empresas. Al menos eso es lo que indica la ley.
¿Qué tiene que suceder para declararse?
Han de darse daños personales o materiales que perturben gravemente las condiciones de vida de la población o también que servicios públicos esenciales queden paralizados.
¿Qué medidas se pueden aplicar?
Todo dependerá de cada caso, pero pueden aplicarse ayudas económicas directas a particulares por daños en su vivienda habitual; a los ayuntamientos para gastos en actuaciones de carácter urgente; y a empresas, explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras afectadas como subvenciones para infraestructuras municipales y carreteras o préstamos preferenciales del ICO. También pueden aprobarse medidas fiscales como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas, explotaciones y negocios dañados o la reducción del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para empresas y negocios afectados. Otra medida recogida en la norma es la exención de tasas de tráfico, las devoluciones fiscales en caso de haber pagado impuestos, ayudas personales exentas de IRPF o la opción de reducir índices de rendimiento neto en explotaciones agrarias.
Al mismo tiempo, pueden decretarse medidas laborales o de seguridad social como ERTEs por fuerza mayor con exoneración de cuotas a la seguridad social, indemnizaciones abonadas por el Fogasa en caso de despidos,a opción de cobrar prestaciones por desempleo incluso sin cotización suficiente o moratorias en el pago de cotizaciones para autónomos y para empresas.