Redacción / La Voz

De no haberse adoptado las medidas cautelares sobre el pazo de Meirás para impedir que los Franco se llevasen los bienes que hay allí, ya nunca sería posible tomar una decisión sobre si un escudo o un retablo es propiedad o no del Estado, «porque los bienes, simple y llanamente, habrían desaparecido». La jueza Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, justifica así la decisión de realizar un inventario de todo lo que hay en el pazo y de prohibir a los Franco el traslado de cualquier elemento de la finca.

Ese es el principal argumento que expone la jueza en el auto dictado ayer en el que concede al Estado la custodia de todos los bienes muebles y elementos accesorios que conforman el complejo del pazo de Meirás y que, por lo tanto, impide a los Franco llevarse los bienes que se encuentran en él. Además, la magistrada mantiene el próximo jueves, 10 de diciembre, como la fecha de entrega de las llaves del pazo a los representantes del Estado, en cumplimiento de la ejecución provisional de la sentencia que condenó a los herederos de Franco a devolver el pazo al patrimonio público. Esa situación de bloqueo de los bienes de la fortaleza que fue residencia veraniega de Franco se mantendrá hasta que la sentencia sea firme. Será en esa fase cuando se podrá contradecir sobre la titularidad de estatuas, relieves, balaustradas, pinturas, escudos, pilas bautismales, hórreos, fuentes, retablos, alfombras, tapices, mesas o estanterías de biblioteca.

La magistrada rechazó todas las alegaciones de los Franco para que se anulasen las medidas cautelares y explica que era «urgente» prohibirles retirar objetos del inmueble porque preparaban su traslado en camiones. Sí les permite que retiren aquellos objetos «de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del pazo como bien de interés cultural y cuya retirada en nada comprometa los posibles usos definitivos que se decidan para el pazo».

También justifica la jueza el motivo por el cual no informó previamente a la familia Franco del inventario y de la prohibición de retirar los bienes del pazo. Explica que esa decisión respondió «a una situación de urgencia patente», pues asegura que los Franco habían contratado vehículos para llevárselos.

Vaciado del pazo en camiones

«La urgencia surge cuando los demandados, diciendo que van a entregar voluntariamente el pazo, previamente quieren proceder al traslado de bienes en 50 camiones, que sin duda son muchos camiones, lo que se traducía en un vaciado de no se sabía qué», señala la magistrada, que insiste en que era «necesario saber qué había en Meirás» antes de permitir «trasladar todo tipo de bienes desconocidos».

Sobre el episodio de los camiones, la jueza resalta que en la vista del pasado miércoles en la que los Franco mostraron su oposición a las medidas cautelares, quedó «fuera de toda duda» el riesgo de vaciado del pazo «pues no fue negado por los demandados el hecho de su intención de retirada de todos los bienes». Y la magistrada se pregunta: «¿Podía permitirse que los demandados trasladasen todo tipo de bienes, desconocidos, en los camiones? La respuesta se imponía cautelarmente, no. Era necesario saber qué había en Meirás».

La petición de dinero «fue, sin duda, sorpresiva»

En el extenso auto, de 64 páginas, la magistrada Canales muestra su sorpresa por algunos de los planteamientos de los herederos de Francisco Franco. Y recuerda lo ocurrido el pasado miércoles durante la vista convocada para debatir sobre las medidas cautelares. Dice la jueza que una vez escuchadas las alegaciones de los demandados, estos «parecen mostrarse conformes con que el Estado quede de depositario», aunque aclara que los Franco supeditaban esa conformidad a dos condiciones, que el Estado reconociese que los bienes eran suyos o a que abonase «un precio razonable» por ellos.

La magistrada no pasó por alto esas dos condiciones planteadas por el abogado Antonio Evangelista, que representó a la familia Franco en la vista. Y en el auto razona que si el Estado hubiese reconocido que los bienes de Meirás son de los Franco «no tiene sentido el depósito, ni tampoco todas las peticiones realizadas hasta la fecha por la Abogacía del Estado». Y sobre el aspecto económico, la jueza destaca «la cuestión del precio, sin duda sorpresiva, ni tan siquiera fue respondida por parte de la Administración General del Estado».

El matrimonio con dos niñas que cuida el recinto tendrá hasta el 15 de enero para marcharse

En una de las viviendas del pazo reside desde hace más de 15 años una familia (un matrimonio con dos niñas) que se encarga del cuidado del recinto. Son los guardeses, empleados de los Franco. Ahora tendrán que desalojar el pazo y buscar un nuevo lugar donde vivir. La presencia de esta familia fue esgrimida por los Franco al pedir la ampliación del plazo de entrega del pazo.

La Abogacía del Estado pidió al juzgado que se le concediese a esa familia un plazo mayor para dejar libre la vivienda, y la jueza ha concedido más de un mes, hasta el 15 de enero. La Abogacía aclara que eso no significa una subrogación del contrato laboral que tengan con la familia del dictador. En una de sus alegaciones, la Xunta decía que los Franco «no pueden desmarcarse de sus responsabilidades como empleadores», y cree que tendrán «algún otro inmueble en el que poder emplear y dejar vivir a sus trabajadores».

 

la gestión de la fortaleza de meirás

El Gobierno quiere tutelar el futuro del pazo

El Gobierno central no parece dispuesto a dejar que el uso futuro del pazo de Meirás sea decidido por otras Administraciones, algo para lo que ya se han ofrecido la Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña. Se ha hablado ya de que tiene que ser un lugar visitable por los ciudadanos, un centro de recuperación de la memoria histórica y democrática, «un faro de igualdade, sen obviar que alí viviu un ditador», una sede cultural que honre la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán como inspiradora del pazo y su primera residente, y hasta un centro que resalte el feminismo.

Pero la sentencia le concede la posesión del pazo de Meirás al Estado. Y el Gobierno central no quiere que eso pase desapercibido, ni tampoco quiere estar fuera del diseño de los usos futuros del pazo. La sentencia ha sido ganada en los juzgados gracias a una demanda defendida y dirigida por los letrados de la Abogacía del Estado en Galicia y la implicación del Gobierno en este caso ha sido firme desde el primer momento.

Una de las principales impulsoras de la recuperación de Meirás como bien público es la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Y prueba de su implicación es la convocatoria que ha hecho para reunir el próximo miércoles, un día antes de la entrega de las llaves del pazo, a las Administraciones implicadas en el pazo y que apoyaron en el juicio las tesis del Estado. Calvo presidirá en la Delegación del Gobierno un encuentro con la Xunta, con los ayuntamientos de Sada y A Coruña y con la Diputación Provincial. Y tomará nota de sus intenciones, explican fuentes del Gobierno, pero no dejará que la decisión se tome al margen del Ejecutivo central.

La propia vicepresidenta del Gobierno ha dirigido una carta personal a los representantes de las de cada una de las Administraciones en la que les expone que considera oportuno mantener una reunión para abordar cuál deber ser el destino y el uso futuro del pazo desde el momento en el que pase a manos de Patrimonio del Estado.

Ayer, el alcalde de Sada, Benito Portela, anunció que acudirá al encuentro y avanzó que los usos del pazo deben girar en torno a la memoria democrática y la vida y obra de Pardo Bazán y se ofrece a gestionar las visitas al pazo mediante un convenio.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
29 votos
Comentarios

La jueza deja a los Franco sin el pazo de Meirás y sin los bienes que pretendían llevarse