La comunidad educativa de la escuela pública gallega se planta ante la Xunta

Firma un documento para no seguir con las evaluaciones aunque sí con el curso

Profesores y familias creen que las condiciones de confinamiento no permiten garantizar una tercera evaluación equitativa y justa
Profesores y familias creen que las condiciones de confinamiento no permiten garantizar una tercera evaluación equitativa y justa

Redacción / La Voz

Los cinco sindicatos de la educación en Galicia y las dos principales federaciones de ANPA de la escuela pública han firmado un comunicado conjunto en el que reclaman a la Consellería de Educación que se dé el curso por terminado, desde el punto de vista de la evaluación, y se concentren esfuerzos en preparar el siguiente, y de manera consensuada.

Son cinco las peticiones que se hace al departamento de Carmen Pomar: primera, dar por finalizado en términos de evaluación el curso escolar el 13 de marzo, aunque el calendario de clases se mantenga; en segundo lugar, establecer criterios de evaluación excepcionales sobre esos dos trimestres, que posibiliten la promoción del alumnado; y también piden participar todos en el proceso de las tomas de decisión. Se incluyen dos aspectos más en la solicitud que resultan muy interesantes: por una parte, la reorganización de los currículos para los próximos cursos y por otra, que se empiece a trabajar ya de forma conjunta y consensuada para encontrar mecanismos compensatorios que eviten que el curso que viene sea «un esforzo inasumible para unha parte do alumnado».

Esta lista de peticiones lleva la firma de las dos principales asociaciones de familias (Confapa y Anpas Galegas) y de los sindicatos con mayor representación en la escuela gallega: ANPE, CIG, CC.OO., CSIF y UXT. Pocas veces estos colectivos se ponen totalmente de acuerdo en algo. En este caso entienden que la singularidad del momento exige una serie de decisiones tomadas desde el consenso porque no responden al normal desarrollo de las actividades.

Y explican que el curso escolar no puede tener continuidad porque no hay capacidad real de impartición de las clases de forma telemática asegurando que los contenidos lleguen a todos los hogares; porque el alumnado, familias y docentes carecen de «directrices, apoio e aínda, con carácter xeral, de previa formación nin práctica para o traballo en liña»; porque no hay posibilidades reales de seguimiento por parte del profesorado del trabajo realizado en las casas; porque la educación presencial es más que impartir contenidos, por mucha voluntad y esfuerzo que todos pongan; porque el estado físico y psicológico de toda la colectividad escolar «afonda aínda mais na inviabilidade do sistema» y porque existe un abandono generalizado del alumnado con necesidades educativas especiales que puede convertir la brecha entre unos y otros en inalcanzable.

Todo esto exige una evaluación general del curso que parta de la situación de excepcionalidad, que suponga una reformulación general de los currículos para el próximo año y que se establezcan herramientas educativas que posibiliten que haya condiciones de igualdad en ese nuevo curso.

El escrito se presentó ayer de forma telemática ante la consellería para que se tenga en cuenta, cuando Carmen Pomar se reunirá, por videoconferencia, mañana miércoles con la ministra de Educación, Isabel Celaá, y el resto de consejeros para diseñar el final de curso.

En el acuerdo firmado y presentado faltan los representantes de las familias de la escuela concertada, que representa al 27% del alumnado. Tampoco hay representación de los colegios privados, que absorben el 3% de los estudiantes. UXT como sindicato sí tiene representación en la escuela privadoconcertada.

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