Los dueños de edificios abandonados pagarán un canon desde enero del 2020

maría santalla REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

El barrio de A Tinería en Lugo se está rehabilitando a través del plan Rexurbe
El barrio de A Tinería en Lugo se está rehabilitando a través del plan Rexurbe ÓSCAR CELA

La ley que tramita la Xunta prevé reinvertir el dinero recaudado en rehabilitación

12 ene 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta había anunciado su intención de habilitar un canon que gravase las edificaciones abandonadas. Esa intención dejará de serlo en cuanto entre en vigor la ley de rehabilitación que el Ejecutivo autonómico aprobó este jueves como paso previo a su tramitación parlamentaria. La ley recoge ese canon para inmuebles en estado de abandono y pone fecha para su aplicación: el 1 de enero del 2020. A partir de ese día, además del procedimiento que permitirá expropiar casas en ruinas a la mitad de su valor catastral estará vigente ese nuevo impuesto que gravará los inmuebles que se declaren en estado de abandono dentro de las llamadas áreas Rexurbe (áreas de rexeneración urbana de interese autonómico), que de momento existen en Betanzos, Ferrol, Lugo y Ourense.

Este impuesto se utilizará para financiar actuaciones de rehabilitación en esas áreas y reducir, de esta manera, la cifra de edificaciones abandonadas. Los ingresos, según las previsiones de la nueva normativa, se reutilizarán en las mismas áreas en las que se recaude el impuesto. Previamente, el Instituto Galego de Vivenda e Solo debe declarar el estado de abandono del inmueble, después de que el concello correspondiente lo haya solicitado.

El tipo de gravamen de este impuesto será el resultado de aplicar el porcentaje del 0,6 % sobre la base imponible del valor catastral en edificaciones que tengan declaración de ruina y del 0,4 % en los demás. Además, la cuota tributaria se incrementará en un 10 % cada año que se mantenga el estado de abandono, aunque no podrá superar dos veces el importe inicial. La norma que tramita la Xunta prevé que estén exentas de pagar ese impuesto las personas en situación de exclusión social.