Solo 209 propietarios fueron multados en un año por no limpiar el monte anexo a las casas

La obligación de rozar las parcelas cercanas a las casas afecta a 30.000 gallegos


santiago / la voz

La obligación de mantener limpias las franjas de protección de 50 metros alrededor de las casas y núcleos habitados no es una novedad. Está vigente desde que en el 2012 la Xunta aprobó la Lei de Montes. Desde entonces, el incumplimiento ha sido la norma y el resultado tiene nombres como Chandebrito o As Neves, donde en la ola incendiaria del pasado octubre las llamas llegaron hasta las mismas viviendas.

Con esas imágenes en la retina, la Xunta se ha propuesto este año hacer cumplir la ley en lo que respecta a la limpieza de las parcelas anexas a zonas habitadas y para ello quiere involucrar a los concellos en una batalla en la que muchos ayuntamientos se han puesto de perfil, sabedores de que sancionar a sus vecinos no les traerá votos en las próximas elecciones.

La tarea es enorme. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) cifra en 30.000 el número de gallegos que están afectados por la obligación de limpiar zonas de monte que están a menos de 50 metros de viviendas. En líneas generales, en estas franjas de seguridad, denominadas fajas secundarias, no puede haber ni maleza ni árboles a menos de 15 metros de las casas. Entre los 15 y los 30 metros solo puede haber frondosas caducifolias si están separadas por al menos siete metros entre sí, y las especies de combustión rápida (pinos, eucaliptos y acacias) tan solo están autorizadas a una distancia mínima de 50 metros de la zona habitada.

La Consellería do Medio Rural quiere que este año sea el principio del fin del incumplimiento generalizado de esta norma. Para ello, firmará un convenio económico con la Fegamp por el que financiará el coste de los desbroces cuando los asuma el Concello. Y es que la ley estipula que debe ser el propietario del terreno el que pague la roza, pero es el Ayuntamiento el que, en caso de incumplimiento, tiene la potestad de ejecutar él mismo los trabajos y repercutir después el coste al vecino.

El convenio con la Fegamp, del que aún no se conocen cifras pero que se sabe que contará con una importante dotación económica, busca precisamente potenciar la colaboración de los concellos. No en vano, aún hay 37 que no han suscrito ni uno solo de los tres convenios que les ofrece la Xunta para la lucha contra los incendios y que les ayudan a comprar motobombas, ejecutar rozas de maleza en estas fajas secundarias o contratar brigadas de extinción.  

Se adelanta la fecha

En esa misma línea de mayor exigencia, la Xunta ha adelantado este año la fecha tope en la que tendrán que estar limpios los terrenos que rodean las zonas habitadas. Desde el 2012 ese límite fue el 30 de junio, pero esta campaña será el 31 de mayo. Medio Rural quiere tener más tiempo para poder actuar antes de que comience el período de alto riesgo, que acostumbra a activarse el 1 de julio.

El próximo 31 de mayo tendrán que ser los concellos los que evalúen el cumplimiento o no de sus vecinos en lo que a la limpieza de las fajas secundarias se refiere. También lo pueden hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal de la Consellería do Medio Rural, que es la que tiene que tramitar las sanciones.

Las multas por no limpiar esas franjas de 50 metros en torno a viviendas pueden llegar hasta los 3.000 euros, aunque la realidad es que la Xunta no ha mostrado una gran exigencia en estos seis años que lleva vigente la Lei de Montes. No en vano, el año pasado tan solo se impusieron 209 sanciones en toda la comunidad. La gran mayoría de ellas en A Coruña, donde los servicios de vigilancia son más eficientes. Le siguió Pontevedra, con 57, pero en Ourense y Lugo se quedaron en 18 y 3, respectivamente.

El Parlamento apoya implicar en la lucha contra el fuego a entidades ciudadanas

El Parlamento de Galicia aprobó este viernes una proposición no de ley en la que insta a la Xunta a desarrollar la figura de las agrupaciones ciudadanas en la defensa contra los incendios, figura que ya se incluyó en los últimos Pladiga con convenios con la asociación gallega de radioaficionados. La intención es emplear a colectivos, entre ellos también el de cazadores, que por las actividades que desarrollan pueden ser útiles a la hora de alertar de la existencia de incendios forestales.

El diputado del PPdeG Silvestre José Balseiros defendió la iniciativa alegando que la lucha contra los incendios «require da colaboración cidadá» e insistió en la necesidad de «fomentar a participación da sociedade civil na vixilancia e detección dos incendios». La oposición criticó que la propuesta llegase tarde, porque ya fue anunciada en la presentación del plan Pladiga. Paula Quinteiro (En Marea) criticó su redacción, que calificó de «ambigua», y alertó de que la colaboración ciudadana no puede suplir las carencias del dispositivo. José Antonio Quiroga (PSdeG-PSOE) llamó la atención sobre los posibles problemas de coordinación y Xosé Luís Rivas (BNG) dijo que la iniciativa ya se implementó con el bipartito, pero que considera que no debe abrirse a todas las entidades, ya que, según señaló, los cazadores no encajan «cos ecoloxistas: son coma a auga e o aceite».  

Bomberos, solo públicos

En Marea presentó otra iniciativa para reclamar que todos los bomberos forestales y el personal del dispositivo de lucha contra los incendios sea cien por cien público. La diputada Paula Quinteiro contrapuso este modelo al del PP, del que dijo que «vén privatizando desde o 2012 as brigadas helitransportadas, xerando unha falta de homoxeneidade e dun mando único».

Por otra parte, el Consejo de Ministros ratificó este viernes la declaración de emergencia de las obras para la reparación de los daños ocasionados por los fuegos de la ola incendiaria del pasado octubre, que afectaron a las infraestructuras de caminos naturales en Carballeda de Avia, Ribeira Sacra y Vía Nova. Los trabajos contarán con un presupuesto de 60.302 euros.

Hablan los propietarios: «No es el eucalipto, es el abandono»

A. Gerpe / María Cobas
Eucalipto y pino, frente a frente El propietario de una finca de eucaliptos en A Pobra y el presidente de un monte comunal en A Pobra de Trives nos cuentan su experiencia con estas plantaciones. Ambos coinciden en que, si el monte está limpio, no arde

Juan Boullón tiene una plantación de eucaliptos, pinos y especies autóctonas en Barbanza. Julio Álvarez compagina árboles y vacas vianesas en A Pobra de Trives. Ambos coinciden en que la clave pasa porque el monte esté limpio

La familia Boullón, de A Pobra, tiene una amplia tradición en Barbanza en el ámbito de la explotación forestal. Es de las pocas que poseen una gran superficie, que se eleva a 220 hectáreas. Uno de sus representantes, Juan Boullón, explica que el principal problema en la comarca es el minifundio, que, asegura, «provoca el abandono del monte». Afirma que para sacar rentabilidad en este ámbito se necesitan, al menos, «extensiones de cuatro o cinco hectáreas». En las de su familia, pino y eucalipto, en mayor medida este último, son las especies predominantes, aunque también poseen terrenos con ejemplares autóctonos, como roble, nogal y castaño.

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