El alcalde de Xinzo alega que nunca leía los decretos de contrataciones por las que puede ser inhabilitado

La CIG y el fiscal le piden 10 años apartado de la gestión pública


ourense / la voz

El alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, alegó ayer en el juzgado que no leía los decretos que el secretario del Concello le presentaba para firmar. Elegido en las listas del PP aunque de baja en el partido tras su imputación por prevaricación continuada, Pérez está investigado por realizar, supuestamente, nueve contrataciones entre el 2012 y el 2013 al margen de los cauces reglamentarios.

El regidor de Xinzo (10.004 habitantes), que llegó ayer como acusado al Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, dijo que desconocía la existencia del decreto de finales del 2011 que limitaba de manera estricta las contrataciones para recortar el déficit público, y aseguró que nunca habló con la gestora que preparaba los contratos de personas que se incorporaron a puestos municipales sin procedimiento administrativo. A preguntas de la fiscala, afirmó que no sabe si se respetaban los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Había «días de cien decretos», aseguró el alcalde para justificar el no haberse parado a revisar decretos e informes. Su insistencia llevó a la fiscala, tras constatar que el acusado es diplomado universitario y es fácil deducir que entiende escritos, a sugerirle de una manera expresa: «Hay que leer, alcalde, hay que leer».

La declaración del entonces secretario del Concello, Demetrio Martínez, dejó una imagen totalmente diferente. En todos los casos advirtió al alcalde de que estaba actuando al margen de la normativa. En unos, verbalmente; en otros, por escrito. «La problemática de Xinzo, básicamente, es que no había proceso de selección», dijo el funcionario, por lo que, preguntado sobre la perspectiva de que otras personas pudieran optar a los puestos que motivan este procedimiento, precisó que no era posible, pues no se daban a conocer y ni siquiera él conocía los criterios del alcalde. En unos casos, según la Fiscalía, se contrataba por decreto y sin proceso de selección, pero en otros se hacía sin acto administrativo.

Las supuestas irregularidades habían sido advertidas por la Abogacía del Estado y anuladas por los juzgados de lo contencioso al no ajustarse a la legalidad. El caso pasó del ámbito administrativo al penal, por iniciativa de los jueces de lo contencioso, que apuntaban a la desviación de poder. La Fiscalía pide para el acusado diez años de inhabilitación. La vista por este caso se prolongará durante toda la semana.

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