Las normativas de la Xunta y del Estado convierten a la Illa de Arousa en una ratonera urbanística
06 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.«O POL semella que foi redactado para fastidiarnos a nos». El POL es el Plan de Ordenación do Litoral y el que rubrica esta airada declaración es el alcalde de A Illa de Arousa, Carlos Iglesias. Con una superficie de siete kilómetros cuadrados y un censo de unos cinco mil vecinos, A Illa es uno de los territorios más singulares de Galicia pero, hasta la fecha, esa singularidad apenas ha sido reconocida; de hecho, su segregación como concello aún no tiene veinte años. El término «singularidad» es un estandarte en la isla, un lugar donde se dan cita todas las restricciones que a lo largo de las últimas décadas han ido estableciendo las diversas normas de protección del litoral, para desespero de aquellos que querían levantar una vivienda.
«Queda una reserva de suelo para un plazo medio; dos años quizás. Luego ya no habrá donde construir», comenta el responsable de una inmobiliaria de la isla. Allí, la crisis inmobiliaria hace tiempo que terminó. Si no se construye es porque las zonas donde aún se puede, son las de menor atractivo. Pero pronto estarán también ocupadas y la deslumbrante isla que gobierna toda la ría habrá agotado ya sus zonas urbanizables: «Lo que no se entiende desde fuera es que lo que pedimos es para la gente de aquí; no queremos especular ni hacer hoteles al lado de la playa, solo que la gente de aquí pueda construirse una casa para vivir», argumenta Elisardo Paz, miembro de la coordinadora de afectados Beira do Mar.
El urbanismo de A Illa está condicionado por el Plan Xeral de Ordenación, pero también por la Ley de Costas, por las servidumbres que gestiona la Xunta y, por último y quizás más importante, por el Plan de Ordenación do Litoral, que anuló tres cuartas partes de las áreas de reparto establecidas en las normas municipales. El resultado de todo este ordenamiento legal es una abigarrada concentración de viviendas en el noroeste de la isla y la protección casi absoluta del resto, además de un ramillete de viviendas amenazadas por la piqueta. Y el estancamiento del concello. O eso opina el alcalde, que atribuye al encorsamiento urbanístico que el censo apenas se haya movido en lo que va de siglo: «Eu xa coñezo parellas que marcharon por non ter onde vivir aquí». Y seguro que es verdad.
«Yo tengo a mi hija en Barcelona, aunque tengo una sobrina que se podía haber hecho algo aquí, pero no dejan. Mire donde tengo que dejar el coche». El coche que señala esta vecina de 64 años está a la fresca debajo de un pino y al lado de una casa que mira a la playa de Espiñeiro a unos 50 metros del agua. «Esta casa estaba antes de la Ley de Costas -explica la señora-. En su día tuvimos que pagar una multa, pero ya está legalizada. El problema es que no podemos hacer nada».
El Concello ha hecho del problema urbanístico su cruzada. Pero la vía judicial ha sido invariable. Cada recurso del Concello ha sido desestimado hasta el punto de que ya no le quedan instancias a las que recurrir: «Quédanos unicamente a vía política», admite el alcalde. Y tampoco parece que sea una vía muy esperanzadora.
La posición de muchos vecinos, que comparte el alcalde, es que nadie se ha ocupado de revisar en profundidad su caso. Iglesias recuerda como metieron en treinta cajas de documentación tres años años de trabajo para defender que algunas casas afectadas por la Ley de Costas ya estaban allí antes de 1988: «Contestáronnos cunha soa carilla». Repiten que allí no se reclama para especular, sino para que los vecinos, propietarios de sus parcelas, puedan construir sus viviendas. Y frente a las dudas que pueda suscitar el argumento exponen que la isla ya está suficientemente protegida: un parque natural en el tercio sur y parte del tercio norte restringido también. El plan xeral impide además construir por encima de dos alturas.
El objetivo es la declaración de singularidad para el concello, el único en Galicia ubicado en una isla: un tratamiento especial para un territorio especial: «Non se pode aplicar a todos a mesma fórmula», dice el alcalde, que reclama que la línea de protección se retire a los 20 metros en todo el perímetro y no a los 100 como está fijado con carácter general.
Para comprar hoy en A Illa hay que rascarse el bolsillo. Difícilmente se encontrará ya nada por menos de cien mil euros. Y el precio tiende a subir. En la última gran promoción, de 114 viviendas, no queda ni una libre.
El dilema sobre la intensidad de la protección lo resume la señora de Espiñeiro, con su casa frente al mar, mientras que las que se encuentran al otro lado de la carretera, más lejos de la costa, están fuera de la ley: «Yo no estoy de acuerdo con que se haga una casa encima de la playa, pero si dejaran construir un poco más, aquí en vez de haber dos casas, había un pueblo. Y estábamos mejor».
O Grove, sin problemas de suelo, sí salva sus núcleos amenazados
En O Grove, la península enfrente de A Illa, el TSXJ sí atendió la reclamación municipal y ha sacado de la ilegalidad once núcleos, dado que Costas no ha recurrido este fallo. «Eso no significa que se pueda construir allí. Pese a lo que se está comentando en algunos sitios, la sentencia no nos proporciona ni un metro más para construir». Tampoco era necesario. El mercado inmobiliario todavía se está desperezando aquí después de hibernar largos años: «No creo que haya un problema de suelo en O Grove -expone el responsable de una inmobiliaria-. Aún hay una importante bolsa de viviendas para vender». Incluso suelo ya adquirido para promociones que no tienen ni siquiera expectativas de comenzar. El Concello tiene todavía pendiente de aprobación el Plan Xeral de Ordenación. Dice el alcalde que es una oportunidad: «Ahora, sin la presión de los promotores, es el momento para hacer urbanismo».