Una norma que limita el uso de cámaras en manifestaciones y el acceso a edificios públicos

Que una norma que regula la seguridad ciudadana acabe bautizada como ley mordaza es muestra más que suficiente de la enorme controversia que conllevó su aprobación. El PP está solo en la defensa de este texto legal, que los partidos de la oposición critican porque aseguran que supone una limitación de derechos constitucionales como el de reunión o manifestación. Por ello, incluso la han recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Prohibido filmar y fotografiar a la policía

La llamada ley mordaza sanciona «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales» de policías porque estima que puede poner en peligro su seguridad personal o la de sus familias. Vídeos de excesos policiales como los tantas veces difundidos en Estados Unidos son ahora ilegales en España.

Veto a campañas como la de rodear el Congreso

La ley considera como una «perturbación grave de la seguridad ciudadana» cualquier manifestación que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos.

Ni resistencia pacífica ni parar los desahucios

Con la nueva ley en la mano, acciones tan comunes en los últimos años como que un colectivo detenga un desahucio pasan a estar fuera de la ley porque se considera que vulneran la seguridad ciudadana. Las oenegés también consideran que se limita la resistencia pacífica porque la policía podrá multar a aquellos que se nieguen a disolver una manifestación o que no obedezcan a los agentes.

Las sanciones pueden llegar a 600.000 euros

Las infracciones leves de la Ley de Seguridad Ciudadana se sancionan con multas que van de cien a 600 euros. Las graves, por su parte, se engloban en una horquilla que va de los 601 a los 30.000 euros, mientras que las muy graves van de los 30.000 a los 600.000 euros.

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