Los grupos políticos gallegos vuelven a enarbolar la bandera de la transferencia de la autopista a la Xunta

En el mes de marzo el Parlamento de Galicia aprobaba por última vez, por unanimidad, trasladar a Madrid la petición de transferencia de la AP-9 a la Xunta. A esta reclamación, que no se presentaba por primera vez, siempre respondió el Gobierno central con una negativa. El argumento del Ministerio de Fomento, en este caso, es que se trata de una vía de carácter internacional, y por este motivo no procede su traspaso a la Xunta.

Ayer, la posible venta de la concesionaria de la AP-9 sirvió para que el traspaso de competencias volviese a primera línea de la agenda política. La Xunta, a través de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, exigió que la AP-9 esté en «mans solventes que garantan tanto o mantemento coma a calidade dos servizos». Además, destacó que las obras en ejecución están garantizadas y, por tanto, pase lo que pase con la venta de la concesionaria, seguirán adelante.

La oferta de Globalvía dio pie también para que los cinco grupos con presencia en el Parlamento coincidiesen al enarbolar nuevamente la bandera de una AP-9 de titularidad autonómica. Lo hizo el portavoz del Partido Popular, Pedro Puy, quien consideró que la infraestructura debe trasladarse a Galicia «para que a decisión sobre calquera incumprimento estea en mans da Xunta e non do Estado». Las condiciones de ese traspaso, así como el rescate o no de la concesión, serían cuestiones que tendrían que dirimirse, entiende Puy, en la negociación del traspaso una vez que este fuese aceptado. Mientras este no se produzca, la Xunta debe, a su juicio, «vixiar que se cumpran os termos da concesión, algo que xa se leva facendo cos actuais titulares».

Voluntad política

Desde el PSdeG, el candidato a la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, insistió en que lo que se impone en este momento es «cumprir un mandato unánime do Parlamento de Galicia, que é transferir a AP-9 á comunidade autónoma». Leiceaga cree que los argumentos de Fomento para no ejecutar ese traspaso «non son convincentes».

Para Antón Sánchez, de AGE, se trata de «un expolio» y lo que se necesita es «un Goberno con unha vontade política clara» para que la AP-9 pase a ser de titularidad autonómica. En su opinión, la posible venta de Itínere «non vai traer nada positivo» porque «cando os fondos de pensións se lanzan a por unha infraestrutura teñen un obxectivo claro, conseguir o máximo beneficio».

En esa misma idea insistió la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien alerta de que «a medio ou a curto prazo se pode producir un incremento das peaxes, porque a concesionaria vai querer obter beneficios». Por eso sería «importante que se levaran a cabo todas as accións posibles para recuperar a xestión pública íntegra», la única manera, dijo, «de ter control sobre as peaxes». Para Consuelo Martínez, del grupo Mixto, si la AP-9 está en venta, «o normal é que se rescate». «É unha estrada que ten que ser galega», recalcó.

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