Álvaro García Ortiz, de la Unión de Fiscales Progresistas, ha sido uno de los más críticos con una ley «mal concebida, mal redactada y mal interpretada»
05 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Mañana se cumplen seis meses de la entrada en vigor de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), la que pone límites a las instrucciones judiciales y obliga a que se cierren en seis meses, salvo que el fiscal pida ampliación de plazo (a 18 meses) calificando la causa como compleja. Es una ley muy contestada por los fiscales, incluso por el Consejo Fiscal, que preside la propia fiscala general del Estado. Uno de los más críticos con la nueva ley es Álvaro García Ortiz (Lumbrales. Salamanca, 1967), fiscal en Santiago y presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ayer cerró, en Barcelona, su congreso anual responsabilizando al Ejecutivo de una reforma legal que «es el mejor ejemplo de algunos de los despropósitos legislativos del actual Gobierno en relación con la Justicia. Mal concebida, mal redactada y mal interpretada».
-Mañana, día 6, se cumple el plazo de seis meses para las primeras causas afectadas por la ley, las que estaban abiertas antes del 6 de diciembre. ¿Qué pasará?
-Esto no se acaba el día 6. El 7 hay que revisar las causas del 7 de diciembre, el 8 las del 8, el 9 las del 9... Van caducando los plazos y seguimos sin soluciones porque esto es un problema estructural de automatización del procedimiento de trabajo. Y vamos a tener problemas de control de plazos. Si se reabre una causa que estaba sobreseída y no me lo notifican, el plazo va a seguir y no voy a estar notificado. Hablamos de un volumen de causas tan enorme que se necesita un estricto control, y el mejor control es el traslado formal del procedimiento, pero eso no está en la ley.
-¿Hay solución sin cambiar la ley?
-Sí, un control de los plazos por parte del juzgado, que es donde reside el procedimiento y es el encargado de la instrucción. Y que se le dé traslado al fiscal con tiempo suficiente para que pueda emitir su informe. Es tan sencillo como eso.
-¿Cómo se haría esa notificación?, ¿a través de los secretarios judiciales?
-Puede ser a través de los secretarios judiciales, o puede ser que el titular del juzgado diga que se le dé traslado al fiscal con 15 días de antelación al vencimiento del plazo. Eso provoca que los secretarios judiciales tengan que controlar el plazo, y se puede plantear la discusión jurídica, que ellos harán legítimamente, de si eso está dentro de sus obligaciones profesionales. Pero lo cierto es que nosotros, los fiscales, tenemos un problema.
-Ahora van a tener muchos casos a revisar cada día para que no pasen los plazos.
-Vamos a intentar controlar las causas importantes, pero no estamos en condiciones de asegurar ese control con los procedimientos informáticos actuales, ni con los medios que tenemos, ni con el funcionamiento actual de las fiscalías. No estamos en condiciones. Es así de triste decirlo. Igual que no estamos en condiciones de asegurar lo de mañana.
-¿Quedarán delitos impunes?
-Veremos qué consecuencias tiene el transcurso del plazo, pero sí que existe el riesgo de que se te pase un plazo en una causa y que haya una dificultad procesal para seguir investigando. Y eso, claro, puede traducirse en impunidad, naturalmente. Se puede perder casi toda la capacidad de aportación de pruebas durante la instrucción.
-¿Tienen alguna cifra de las causas pendientes y de las que se han examinado?
-No las tenemos. Y entiendo que cualquier cifra que se dé ahora no puede corresponderse con la realidad. Será un dato que hayan sacado de algún sitio, pero no será una cifra que podamos dar como estadística cierta.
-¿Ha sido precipitada esta ley?
-Sí, absolutamente precipitada. Ese es el gran error. Haber hecho al final de la legislatura una ley que no encaja dentro del sistema procesal. Y ponerla en marcha con solo dos meses de vacatio, en pleno proceso electoral y sin capacidad de reacción. La toma de esas decisiones ha sido un riesgo inasumible para la Justicia. No debería haberse hecho nunca así.
-¿Se han cerrado causas sin mirar?
-Muchísimas. De hecho, la instrucción que nos ha dado la Inspección ha sido esa. Si ustedes no llegan, no se preocupen. No examinen la causa, hagan un modelo pidiendo la complejidad para aplazar el problema. Pero el problema va a estar siempre, salvo que se dicte una instrucción a los secretarios judiciales para que nos trasladen las causas, que es la promesa que hizo el ministro el 20 de octubre.