El que fue regidor socialista hasta este mandato es citado ahora, después de haber prestado declaración, también como imputado, el abogado ourensano Javier Calvo
07 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo citó para el día 26 de octubre, a partir de las diez de la mañana, al exalcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, para que declare en calidad de imputado por su presunta participación en la concesión de la autorización para levantar las polémicas torres de viviendas de O Garañón, en una finca colindante al parque Rosalía de Castro de Lugo.
El que fue regidor socialista hasta este mandato es citado ahora, después de haber prestado declaración, también como imputado, el abogado ourensano Javier Calvo, que representa al promotor de los controvertidos bloques de viviendas.
Orozco fue citado junto al que había sido su concejal de urbanismo, José Ramón Gómez Besteiro (hoy líder de los socialistas gallegos) para finales del pasado mes de junio. Sin embargo, la declaración de ambos se suspendió. La responsable de la instrucción tomó la decisión después de la declaración prestada por el promotor del edificio, Ricardo Iglesias, en la que dijo que había sido su abogado, Javier Calvo, el que había intervenido en las negociaciones con el Concello de Lugo para obtener todos los permisos necesarios.
Esa declaración motivó que el letrado fuese llamado a declarar como imputado hace un mes. En su intervención dijo, entre otras cuestiones, que se había reunido en un par de ocasiones con José Ramón Gómez Besteiro como edil de urbanismo en el 2005.
Besteiro
Por el momento no se sabe cúando será llamado a declarar Besteiro. Sus abogados presentaron un recurso solicitando la nulidad del proceso, pero por ahora, parece no haber resolución. Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 1 pide datos sobre quiénes compraron pisos en las polémicas torres.
Los abogados del secretario general del PSdeG pidieron en su momento la nulidad del caso Garañón. Alegaban falta de competencia de la jueza y la vulneración de los derechos fundamentales en buena parte de la causa durante la instrucción judicial.