El Concello de Vigo amplió los contratos a Cespa «sin justificación»

Policía y Hacienda cuestionan las modificaciones del contrato de jardines desde el 2005, que encarecieron el servicio y beneficiaron a la empresa

El país de la cultura del regalo Dicen que quien hace la ley, hace la trampa. Contratos partidos, licitaciones simuladas... Son muchas las artimañas que pueden llegar a emplearse para tejer una red de favores. Es el caso de la Operación Patos.

vigo / la voz

Sucesivas ampliaciones del contrato de mantenimiento de parques y jardines de Vigo acabaron encareciendo en dos millones de euros anuales este servicio que el Concello adjudicó a Cespa en el 2005 por 3,5 millones. El Ministerio de Hacienda y la Policía Nacional sostienen en informes incluidos en el sumario de la operación Patos que las seis modificaciones del proyecto que se fueron desarrollando con el paso del tiempo fueron irregulares.

La interventora territorial de Hacienda deduce que no estaba motivado el interés público ni la necesidad en todas ellas y en algún caso deberían de haber sido motivo de una nueva licitación pública. La Policía Judicial estima que las irregularidades detectadas «pueden constituir indicios de comisión por parte de dirigentes y técnicos del Concello de delitos contra la administración pública».

Las escuchas telefónicas autorizadas han permitido a los miembros de la UDEF centrarse en la ampliación del contrato de mantenimiento de jardines del 2013. Las arcas municipales pagaron entonces a Cespa un sobrecoste de 126.755 euros. El objeto era, en teoría, hacer frente a la incorporación de nuevas zonas que había que mantener como consecuencia de las obras de humanización. «Como en los casos anteriores, no se justifica el interés público y las necesidades nuevas o causas imprevistas a satisfacer», destaca el Ministerio de Hacienda.

La Policía Judicial sospecha que en este caso la ampliación se llevó a cabo para compensar a Cespa porque el interventor del Concello de Vigo resolvió no pagar las amortizaciones a la concesionaria tras la finalización del contrato. Según el grupo de investigación, tras una reunión mantenida por los miembros de Cespa y el concejal de Vigo Ángel Rivas, con la intermediación del constructor Enrique Alonso Pais, se acuerda compensar la falta de amortizaciones con una ampliación del contrato para el año 2013 por un importe de 126.755 euros, la misma cantidad que la concesionaria hubiese querido cobrar con las amortizaciones. A la UDEF le parece chocante que fuera la propia empresa quienes decidiera las zonas y las obras con las que gastar el dinero y pone en duda incluso que se llevaran a cabo. En su informe recomienda un peritaje técnico para comprobar si esta ampliación se materializó o no en obras realizadas en las calles de Vigo.

Ampliación del 2009

La ampliación del contrato de mantenimiento de jardines más abultada, y que tanto para el Ministerio de Hacienda como para la Policía Nacional constituye una irregularidad, se produjo en el año 2009. En este ejercicio, se aprobó entregar a Cespa 527.923 euros anuales alegando la imposibilidad de atender los parques del Castro y de Castrelos debido a la escasez de personal. Estas zonas ajardinadas no estaban incluidas en el contrato original ni responden a nuevas necesidades de obras. «Está claro que se debería de haber tramitado como un contrato independiente del actual y ser por tanto objeto de una nueva licitación», señalan los investigadores.

Por las ampliaciones llevadas a cabo en el servicio de mantenimiento de parques y jardines, el fiscal ha pedido la imputación del concejal Ángel Rivas y del técnico de su departamento, Gilberto Moldes.

«Con cuatro duros arreglamos y quedamos como Dios»

Para la Policía Nacional, «es patente el interés del Concello de Vigo en beneficiar a Cespa». Esta adjudicataria tenía manos libres para operar en el Ayuntamiento a su antojo, según se desprende de las escuchas realizadas a lo largo del 2013. A los investigadores no les deja de sorprender que es la propia empresa quien decide dónde y cuándo emplear el dinero público y no al revés. Particularmente llamativa fue una llamada del directivo de Cespa en Vigo, Juan Ramón Alonso, a un familiar en marzo del 2013, en la que decía: «Caballero me dio 126.000 euros... Tengo que escoger yo los sitios y las obras, con la que está cayendo es una pasta». Ese dinero era la compensación prometida a la empresa después de que el interventor les negara el pago de las amortizaciones tras la finalización del contrato. Desde ese compromiso verbal hasta que se plasmó en la firma de un documento tuvieron que desarrollarse negociaciones en las que intervinieron altos cargos de Cespa en Galicia. «Se lo voy a poner más crudo que la hostia, le voy a llorar lo inllorable y estaría bien que bajases tú o Alfonso e hiciésemos más incidencia», comentaba el directivo de Cespa a uno de sus superiores sugiriéndole su participación en una futura reunión con el concejal Ángel Rivas. «Al tío lo tendría medio derretido y si llegases tú yo creo que llegaríamos a un acuerdo». El interlocutor es una persona que la policía identifica como Andoni Manso Pajarrón, apoderado de Cespa.

Las negociaciones resultaron positivas, según le parece a la policía, tras registrar una conversación telefónica entre el directivo de Cespa y Ángel Rivas. «Eres el concejal más guay del Paraguay, te quiero agradecer las flores que me has echado, casi choro», le decía el responsable de la concesionaria al político vigués tras la reunión en la que había estado presente su jefe. «Bueno, ahora ponte manos a la obra con todo», replicó Ángel Rivas. Juan Ramón Alonso tenía que elegir las obras y ya tenía algunas pensadas. «Con cuatro duros arreglamos y quedamos como Dios», le dijo al concejal. Los investigadores se preguntan en su informe cómo se iban a adjudicar dichas obras y en base a qué procedimientos. Podría bastar una llamada telefónica. En otra ocasión el directivo de Cespa recibió una del Concello. «Tenías interés en los cementerios, ¿no?», le pregunta un interlocutor desconocido desde la administración local. «Tengo el teléfono pinchado», le responde el gerente de Cespa. Fue cuando el juzgado de Lugo realizó nuevas imputaciones en el caso Pokémon.

Ponteareas se presentará como acusación al tener a dos ediles bajo sospecha

La junta de gobierno de Ponteareas acordó ayer presentarse como acusación particular en la causa judicial que investiga la corrupción destapada en la operación Patos. La UDEF pone en entredicho la gestión del anterior alcalde, Salvador González Solla, y de la exconcejala de Hacienda, Belén Villar, en relación con la concesión de la estación de tratamiento de agua potable a una empresa y presuntas falsedades cometidas en la justificación de diferentes subvenciones.

El gobierno local considera que esas actuaciones «puideron danar ao Concello causándolle un prexuízo económico, o cal xustifica a presentación do consistorio como acusación para formular unha acusación particular e esixir a responsabilidade civil, se a houbera, que corresponda en cada caso». El actual alcalde, Xosé Represas, asegura que se trata de «actuar en defensa dos intereses municipais».

Comisión de investigación

Además, el regidor anunció que llevará a la próxima junta de gobierno una propuesta para que el pleno acuerde constituir una comisión de investigación que, al margen de las responsabilidades penales, depure las políticas.

La medida anunciada ayer por el gobierno de Ponteareas se suma a la de los portavoces de Marea de Vigo, que también anunciaron tras levantarse el secreto su intención de presentarse como acusación particular para poder tener acceso a los expedientes y pedir responsabilidades.

Votación
5 votos
Comentarios

El Concello de Vigo amplió los contratos a Cespa «sin justificación»