También indagará sobre el pago de una factura del Concello, inflada en 3.000 euros
25 sep 2014 . Actualizado a las 04:00 h.Paula Prado será investigada por tráfico de influencias y fraude a la Administración pública, delitos supuestamente cometidos cuando la ahora diputada autonómica del PP era concejala de Familia, Benestar y Emprego en el Ayuntamiento de Santiago. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al aceptar la competencia para indagar sobre parte de los hechos denunciados por la jueza Pilar de Lara, instructora de la operación Pokémon, en la exposición razonada sobre Paula Prado que envió en junio al Tribunal Superior de Xustiza al ser este el órgano competente para investigar a una persona aforada, como es el caso de la diputada, que hasta hace dos meses era también la portavoz del PP gallego.
El caso será instruido desde la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal gallego, que ha visto indicios de delito en tres de los hechos expuestos por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. En el auto de admisión a trámite del asunto se indica que Paula Prado será investigada por, supuestamente, autorizar el pago de una factura del Ayuntamiento de Santiago con un sobrecoste de 3.000 euros; por influir en la contratación de personas en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago cuando ella era, por su condición de concejala, responsable de la agencia local de colocación, y finalmente por su intervención en la resolución de dos expedientes abiertos a un local de ocio de la capital compostelana. El TSXG no aprecia «por el momento, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción sumarial», indicios de delito en los otros tres hechos que relata la jueza de la Pokémon en la exposición razonada, que contó con el aval de la Fiscalía. Esos casos, que de momento quedan aparcados, la relacionaban con la supuesta influencia, junto a otros concejales de Santiago, para beneficiar económicamente a su esposo en la venta de materiales textiles; también con la intervención a favor de una persona que había instalado una toma de agua clandestina, y con la petición al concejal de Tráfico de un permiso para aparcar su coche particular en la plaza del Obradoiro.
Lo que sí investigará el TSXG es si Prado autorizó, cuando era concejala en Santiago, el pago de una factura, inflada en 3.000 euros, por la representación del espectáculo La abeja Maya, «con la sola y exclusiva finalidad», según la jueza de Lugo, de beneficiar a un empresario relacionado con el Ayuntamiento de Santiago.
Influencias supuestamente ilícitas
La Sala de lo Civil y Penal también indagará en las influencias supuestamente ilícitas en las que habría intervenido Paula Prado para contratar a «determinadas personas, afiliadas o próximas ideológicamente al Partido Popular, en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago». En la exposición enviada al TSXG, Pilar de Lara recordaba que Paula Prado era, además de concejala, responsable de la agencia local de empleo, «llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo a cubrir».
El Tribunal Superior de Xustiza también ordenará las diligencias pertinentes para saber si Paula Prado podría haber intervenido en la resolución de un expediente sancionador que le había sido abierto a un local llamado Moon. Según el escrito enviado por la jueza de la Pokémon, la ahora diputada habría intercedido ante el concejal Albino Vázquez Aldrey «para que este gestionara la anulación de la multa» impuesta al establecimiento.
No está imputada
La decisión del Tribunal Superior de Xustiza no implica, por ahora, la imputación de la parlamentaria popular. De hecho, lo que hace el tribunal es nombrar un instructor que a partir de este momento encargará las diligencias que considere oportunas y abrirá una investigación para determinar si imputa a Paula Prado o si finalmente archiva la causa. El magistrado instructor podrá ordenar nuevos interrogatorios y encargar cualquier prueba que considere necesaria antes de tomar una decisión sobre la diputada, que previsiblemente también será llamada a declarar.