uando Rodríguez Zapatero resultó elegido presidente de Gobierno, lo primero que hizo, tal como lo había anunciado, fue poner en marcha una ley con la pretensión de erradicar la violencia de género. Con ello pretendía poner coto a los malos tratos de mujeres, que se prodigaban en nuestro país de forma alarmante y escandalosa.
La ley, que se elaboró y aprobó con práctica unanimidad por parte de los partidos políticos, no ha podido evitar que cada cinco o seis días, en los pueblos o en las ciudades, un hombre ponga su sucia mano encima de «su» mujer -no importa su clase social, color, religión ni nacionalidad- en un marco oscuro, en un lugar sin testigos para llevar su determinación hasta el final.
Cualquier razón les sirve para justificarse (si llegó tarde a casa, si no obedece, si no cuida a los hijos, si dejó que la miraran?) porque parten de un principio irrebatible: «ella y yo no somos iguales». Ella está sometida y cualquier alteración que pretenda, permite al violento, como respuesta, poner su mano de hierro encima.
Desgraciadamente la ley, con independencia de su bondad, no ha podido derogar esa chulería de «en mi mujer mando yo».
No hay soluciones inmediatas, pero eso no quiere decir cruzarse de brazos. Educar en igualdad; desterrar la violencia como instrumento para resolver conflictos; airear las penas que se imponen a los maltratadores y el cumplimiento efectivo de las mismas; inculcar en la mujer la tolerancia cero desde el primer día, desde el inicio de la relación; denunciar y no aguantar. Consentir y esconderse, es aceptar las reglas de la alimaña y sus argumentos. Son todas ellas prácticas a poner en marcha con más énfasis y perseverancia, sin escatimar recursos. Se creen dioses en sus acotados territorios y quieren ejercer su soberanía . El mejor antídoto, es concienciación y castigo; y, no hay duda y lo dice la experiencia, no dejar crecer actitudes machistas y no dar alas a la impunidad. Y a la primera, denunciar sin esperar a una segunda oportunidad.