El PP eleva a «más de 200» los contratos irregulares de Caballero

El portavoz municipal y presidente local, José Manuel Figueroa, se ofrece a facilitar a la Fiscalía la información de que dispone «si deciden llamarme»


Vigo / La Voz

El caso de la denuncia por presuntos contratos irregulares realizados por el socialista Abel Caballero, primero en la Autoridad Portuaria y después en el Concello de Vigo en sus siete años de alcalde, dio ayer un giro al reconocer el PP que dispone de información y que no tienen problema alguno en trasladársela a la Fiscalía.

José Manuel Figueroa, número uno de los populares en Vigo y también vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, explicó a los periodistas que la cifra real de presuntos casos de enchufismo y nepotismo «es muy superior a los 16» que acaba denunciar la asociación Xuntos a la Fiscalía y antes el exalcalde socialista Carlos Príncipe. «Pienso que pueden ser más de 200», afirmó el político popular.

A preguntas de los periodistas, se mostró convencido de que este asunto ya fue planteado ante la Fiscalía hace años, y que allí habría sido archivado al menos parcialmente, aunque dijo no tener detalles concretos al respecto. «Por nuestra parte queremos colaborar con la Justicia, y si nos llaman ofreceremos todos los datos a nuestra disposición», explicó.

Colaboración

Esta actitud abierta contrasta con la mantenida por el alcalde ante un asunto que le irrita. Ayer, una vez más, y van al menos cuatro en la última semana, se negó a responder a los periodistas sobre esta cuestión. Cuando se le plantea reitera que ya ha hablado en los días anteriores, aunque una y otra vez se limita a repetir que no tiene nada que decir pese a la insistencia de los medios de comunicación.

En una línea muy parecida, el BNG, sus exsocios en el Concello y el grupo que lo hizo alcalde en el 2007 y en el 2011, sigue también ausente de un debate que considera «unha liorta interna del PSOE». Los nacionalistas dejan de lado que la denuncia ante la Fiscalía ha partido de una asociación y que el PP dice tener datos en la misma dirección.

En cualquier caso, ayer Figueroa valoró que «en el PP ya hemos hecho nuestro trabajo y es la Fiscalía quien tiene la palabra. Nosotros tenemos información más que suficiente para responder a lo que se nos pregunte, pero no vamos a judicializar la vida política», renunciando así a tomar la iniciativa.

Con sus palabras reconocía implícitamente que en el pasado investigaron la gestión de Caballero, pero que los datos que maneja el PP llevan tiempo congelados. En su momento fue público que chequearon el año y medio en el que fue presidente de la Autoridad Portuaria, etapa en la que aumentó sensiblemente su plantilla mediante la creación de una policía propia, e incluso después como alcalde.

El entonces concejal y diputado popular, Ignacio López-Chaves, que ahora preside el Puerto, acudió varias veces a este organismo a solicitar información sobre las contrataciones de Caballero, llegando a presentarse ante el organismo portuario con un notario al no encontrar colaboración. Posteriormente planteó varias iniciativas parlamentarias que no tuvieron consecuencias.

Con relación a la gestión municipal, las denuncias han partido casi siempre de Carlos Príncipe, quien por este motivo ha sido expedientado y podría ser expulsado del PSOE en cualquier momento. Principalmente, se centran en familiares de concejales, diputados del PSOE y dirigentes del partido que trabajan en el Concello o en la esfera municipal, un sistema con el que Caballero habría tejido una red clientelar que le permite controlar la organización socialista con escasa oposición.

El escrito actual de Xuntos puso de actualidad denuncias anteriores en la que ningún partido se implica de manera activa, pero ha tenido como resultado darle una mayor relevancia. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos ha exigido a Caballero que dé explicaciones y también se ha implicado la recién creada Red de Solidaridad Popular, centrada sobre todo en los familiares de la concejala y diputada Carmela Silva contratados por el Concello vigués.

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