El del jueves ha sido el enésimo sobresalto judicial del Concello de Ourense. Desde que estalló la operación Pokémon, en septiembre del 2012, las crisis políticas se suceden a golpe de juzgado. La sentencia que anula el nombramiento del personal eventual y de 17 jefes de servicio tampoco es el primer caso judicial que deja en entredicho la política de personal del gobierno socialista. De hecho, en los juzgados de Ourense está abierta una causa denunciada por dos sindicatos por las asistencias técnicas externas. En este frente judicial han sido imputados el actual alcalde, Agustín Fernández, el exalcalde, Francisco Rodríguez, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, y la propia directora de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta. Su nombramiento como responsable de Personal también está recurrido en los juzgados.
No es la única imputación para el regidor ourensano, ya que también formaba parte de la junta de gobierno que aprobó unas obras en la calle Bedoya sin concurso. Sin embargo, la edila con una mayor actividad en los juzgados es la de Urbanismo. La teniente alcalde, Áurea Soto, acumula seis causas y se ha revelado recientemente. Primero buscó, sin éxito, la recusación del juez Antonio Piña por considerar que tenía amistad manifiesta con miembros de Democracia Ourensana, partido que le denunció en el caso Bedoya.
Críticas al juez y al fiscal
Esta misma semana aumentaba su escalada de críticas contra el poder judicial. Acompañada de su abogado, Carlos Hernández, comparecía ante los medios para arremeter contra el juez que instruye otra denuncia urbanística y contra el fiscal jefe de Ourense. «Hay burocracia y desidia ante un ataque desmesurado contra una institución». Ambos temen que próximamente se impute a la junta de gobierno del 2008 por la licencia concedida a una céntrica plaza.