En el ámbito de las infraestructuras con peaje en la sombra todo es tan desmesurado, por la duración de los contratos de explotación y las cargas financieras que conllevan, que dan lugar a errores insólitos en el cálculo del coste de algunos proyectos. Es lo que ha sucedido con la autovía Dozón-Ourense (AG-53). El Ejecutivo renunció a sus planes de privatizar el vial, que ahora gestiona la propia Administración a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI), después de detectar que la infraestructura para la que calculaba una factura de 1.185 millones hasta el fin del contrato de explotación, en el 2057, tiene un coste real de 513.
En ese desajuste, que pasó desapercibido durante siete años, participaron los gobiernos de Fraga, Touriño y Feijoo. Tampoco la Xunta actual advirtió el desfase hasta ahora. De hecho, el conselleiro Agustín Hernández anunció hace 14 meses en el Parlamento la intención de privatizar el vial, un contrato que entonces cifró en 1.552 millones. Tras renegociar con los bancos, invertirá 18 de los 25 que ahorrará en pagos hasta el 2020 en licitar las obras para desdoblar el corredor de O Morrazo.