La Guardia Civil mantiene una vigilancia permanente en el club abandonado

lugo / la voz

GALICIA

15 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

La jueza De Lara ordenó que una patrulla de la Guardia Civil vigile permanentemente las instalaciones abandonadas del club de alterne Queen?s desde el pasado martes, y una vez que terminaron las inspecciones de la Policía Científica con las unidades de perros. Ayer durante todo el día una patrulla de la Guardia Civil vigiló la entrada a la parcela donde se encuentra el club y varias casetas auxiliares, en las inmediaciones del polígono industrial de O Ceao.

El juzgado dio por terminada la operación de registro el martes pasado al final de la jornada porque parece que encontró todos los indicios que buscaba, pero el hecho de colocar vigilancia policial podría deberse a que quiere hacer más inspecciones y evitar así el riesgo de nuevos saqueos o desaparición de pruebas.

Un curioso historial

La finca del Queen?s era una parcela rústica de 200 metros de largo por unos 40 de ancho en las cercanías del polígono industrial en la que había una instalación de venta de quesos. La compraron en el 2001 Javier Reguera, encargado de la ORA en Lugo, y Manuel Santiso, socio de la empresa de la grúa municipal para retirada de vehículos. A los pocos meses se la alquilaron a García Adán, que reconvirtió el edificio en club de alterne. El proxeneta encargó las obras de ampliación y reforma a un constructor amigo que formaba parte de una inmobiliaria junto a un policía local que también fue implicado en la operación Carioca.

García Adán hizo las obras del edificio en una parcela que no era suya. El constructor declaró que no le había pagado todo el trabajo pero reconoció que cuando iba por el club era invitado. Y lo más curioso es que el alquiler a los propietarios del terreno no lo pagaba el proxeneta, sino el policía local, a través de la inmobiliaria de su propiedad.

Los agentes de Vigilancia Aduanera entregaron recientemente a la jueza un informe en el que explicaban que inicialmente la inmobiliaria del policía local pagaba a los propietarios del terreno 1.400 euros de alquiler mensual mientras que le cobraba al proxeneta 3.000. Pero las condiciones fueron cambiando porque con el tiempo el policía local se hizo testaferro del proxeneta, dice el informe.