Desahuciada por las monjas

Una pontevedresa y su hijo de 8 años podrían tener que abandonar la vivienda que su tía abuela dejó en herencia a una comunidad religiosa


Pontevedra / La Voz

Una pontevedresa, Rebeca Araceli Pereira Mouriño, y su hijo de 8 años podrían tener que abandonar en breve el piso que perteneció a su familia y en el que llevan residiendo algo más de cuatro años. La vivienda pasó por herencia a la congregación de las Hermanas Servidoras de Jesús de Cottolengo del Padre Alegre y estas iniciaron un procedimiento para desahuciarlos.

Fue la propia afectada la que relató ayer cómo, a la muerte de su tía abuela hace unas dos décadas, esta dejó en herencia el piso -de 133 metros cuadrados y ubicado en pleno centro de Pontevedra- a las monjas, con la condición de que su hermana pudiese disfrutarlo hasta su fallecimiento. Hace algo más de cuatro años, Rebeca y su hijo se mudaron con su abuela. «Mi abuela pagó todo, estuvo viviendo ahí y hace un año y medio que murió [...]. Fuimos pagando todo. Se estropeó el baño, pagué lo del baño, lo de la vecina de abajo, puse radiadores, pinté... Como si fuera mi casa, la cuidé como si fuera mía», explicó.

En octubre del 2012, la pontevedresa recibió un carta remitida por el representante legal de la congregación. Su primer párrafo, toda una declaración de intenciones: «Nos ponemos en contacto con usted en nombre de nuestro buen cliente Hermanas Servidoras de Jesús de Cottolengo del Padre Alegre, propietarias del piso que usted está ocupando de modo ilegal, para exigirle que desaloje el inmueble a la mayor brevedad».

Rebeca acudió a una abogada y, en un momento dado, esta, según su versión, «me dijo que no pagara más comunidad y dejé de hacerlo». Y el pasado mayo se formalizó la demanda de desahucio de precario que debería dirimirse en unas semanas.

Entre otros argumentos, se esgrime que la joven no es titular de la vivienda, que no abona renta alguna y que «tampoco hace frente a los pagos de la comunidad ni a los daños producidos a terceros por averías en las instalaciones de la vivienda».

Este extremo es negado taxativamente por la pontevedresa, quien no discute la propiedad de la casa. «El piso es de ellas, pero que tengan un poquito de corazón», dice, al tiempo que entiende que los desperfectos referidos tendrían que haber sido abonados, en todo caso, por las propietarias. En su lugar, «lo pagamos todo de nuestro bolsillo. Tendrían que acarrear con todos los gastos, pero no lo hicieron».

En cualquier caso, apela a la caridad cristiana para que le dejen algo de margen para buscar una vivienda con una renta que se ajuste a su bolsillo -«si me echan, que lo hagan, pero que me dejen un margen para buscar algo que entre dentro de mi economía, tengo un niño...»- o que le impongan el pago de un alquiler social. Y mientras se aproxima la fecha del juicio, Rebeca ha tenido que acudir a la justicia gratuita para encontrar otro abogado que la represente en la vista oral de diciembre.

«Deberían tener caridad. Los bancos ya sabemos que es un negocio, pero la Iglesia...», sostiene un conocido de la joven.

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