Francisco Hernández señala que «es bastante frecuente» que las empresas de un mismo sector pacten precios, pero, matiza, es muy difícil de detectar. «Cuando participan muchos competidores es más fácil, pero cuando son pocos es muy complicado», aclara.
-Los casos que plantean menos dudas en la calle son lo de los carburantes y las eléctricas.
-Así es, aunque son temas estrella, que lleva la comisión nacional. Hay la sospecha eterna de que no están compitiendo. Pero una cosa es la sospecha y otra demostrarlo. Es muy difícil, porque las empresas mantienen siempre una cierta apariencia de que compiten. Hablamos de mercados con pocos productores y que, además, proceden de antiguos monopolios de Estado. Y el tránsito a la competencia es muy complicado.
-¿Y esto aumenta con la crisis?
-Siempre. La crisis es un momento en el que hay que incrementar el control por parte de los órganos de competencia. Aumentan las quejas de ciudadanos, pero más de las empresas.
-¿Y qué margen de actuación tiene el Consello?
-Primero hacemos un informe para estudiar a fondo lo que hay. Y lo hacemos público. Muchas veces el propio informe da lugar a denuncias, y aunque no las hubiera formales podríamos abrir un expediente de oficio, si encontramos conductas contrarias a la competencia. Normalmente, en cuanto tienen constancia de que estamos investigando, bajan los precios y dejan de hacer lo que estaban haciendo.
-Madrid ya ha liquidado su órgano de competencia y otras comunidades, como Castilla y León, lo han planteado. En Galicia esto parece descartado.
-Creo que sí. Madrid mantiene un servicio de investigación, pero resuelve la Comisión Nacional de la Competencia. Pero esa comisión no puede llegar a todas partes. Y aquí el mecanismo está funcionando. Ya sufrimos un recorte presupuestario, y debemos hacer más con menos.
-¿Y no contemplan que se prescinda de este servicio?
-Espero que no. Ahora está prevista la fusión con Consumo en un organismo nuevo, que debería dar lugar a sinergias y a una mayor eficacia.