Es una práctica contable poco ortodoxa pero extendida en muchas Administraciones, la Xunta entre ellas. El Consello de Contas ha vuelto a llamar la atención al Ejecutivo por el aumento del gasto desplazado, esto es, de obligaciones referidas a contratos de un año que se imputan en las cuentas del siguiente. En concreto, el fiscalizador advirtió en su informe sobre la cuenta general del 2010 de «preocupantes carencias de control interno no seguimento e validación do gasto desprazado, que non facilitan unha cuantificación fiable do mesmo». Alertó, además, de que el incremento del importe desviado puede distorsionar los Presupostos, al «diminuír a capacidade para atender as necesidades previstas nos mesmos debido ás cargas arrastradas de exercicios anteriores».
En ese informe, Contas ratificó los números del borrador que, hace un año, caldeó la campaña de las autonómicas. Cifró en 188,2 millones el gasto que el Sergas transfirió al 2011. Además, detectó supuestos de desplazamiento en otras consellerías por 265,77 millones. De ese total, revisó obligaciones por 111,31 millones, en las que confirmó desvíos en el 83,95 %. Si este porcentaje se aplica a los 265,77 millones, la estimación del gasto desplazado por las consellerías suma 223 millones, que añadidos a a los 188,2 del Sergas hacen un total de 411. Ese montante es lo que lleva al fiscalizador a reprobar la «dinámica crecente das imputacións de gasto de anos anteriores, que se incrementan neste exercicio», en referencia al 2010. De hecho, con esos 411 millones el Ejecutivo de Feijoo retrocede a niveles del último Gobierno de Fraga, que en el 2004 desplazó 412 millones a las cuentas del 2005. Los 411 millones del 2010 cuadruplican los 82,6 desviados en el 2009 y rompen la línea de moderación que siguió el bipartito.
Telefonía, obras y residencias
El informe de Contas incluye el documento de alegaciones que remitió la Intervención Xeral de la Xunta, y que no provocó cambios ni en las cifras ni en el discurso crítico del fiscalizador. En ese texto, la Intervención Xeral esgrime que la legislación obliga a realizar una «xustificación axeitada» de las prestaciones. Resuelve que «só unha vez verificada a axeitada xustificación poderá recoñecerse a obriga». Con ese criterio, aporta cifras que minoran del 83,95 al 32,88 % el porcentaje de gasto desviado sobre los 265,77 millones, con lo que rebaja el cómputo de Contas de 411 a 275 (87,38 de las consellerías más 188,2 del Sergas).
La Xunta justifica la imputación en las cuentas del 2011 de gastos diversos, desde telefonía a limpieza, infraestructuras y hasta residencias de mayores.