Gerardo Conde Roa salió del Concello de Santiago el 16 de abril del 2012 cuando no había cumplido ni un año al frente del gobierno municipal y pasó a convertirse en un habitual de los tribunales. Ayer fue condenado por delito fiscal, pero el exregidor de Compostela tiene todavía dos imputaciones pendientes. La primera es por prevaricación y acoso moral a raíz de la denuncia presentada por un policía local de Santiago, José Antonio Carril. Este agente asegura que fue degradado de su puesto de subjefe del cuerpo porque se negó a hacer desaparecer una denuncia contra el por entonces concejal Ángel Espadas, hombre fuerte del PP compostelano y mano derecha de Conde Roa. Espadas fue sorprendido borracho al volante de su coche con el vehículo parado ante un semáforo. Fue repescado después por el gobierno local de Conde Roa como jefe de gabinete. En esta causa está también imputado el actual alcalde de Santiago, Ángel Currás.
Operación Manga
Los tres, Conde Roa, Espadas y Currás, resultaron salpicados por la operación Manga (la segunda fase de la Pokémon). En este caso, el exregidor está imputado por tres delitos: prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Su casa fue registrada el 14 de febrero del 2013. Acudió a declarar ante la jueza instructora, Pilar de Lara, que optó por no imponerle medidas cautelares. Después volvió a los juzgados de Lugo a prestar declaración de forma voluntaria. Acudió a los tribunales lucenses cargado con una mochila repleta de documentos (entre los que figuraban abundantes expedientes municipales). Con su aportación, Conde Roa intentaba defenderse, pero también implicar en el caso al anterior ejecutivo municipal, que presidía el socialista Xosé Sánchez Bugallo.