Si el dinero de los ayuntamientos se tuviera que destinar a la asistencia jurídica de todos los imputados del concello de turno, las arcas municipales no estarían en quiebra técnica (muchas ya lo están) sino que habrían dejado de existir hace décadas... Quizás el edil de Santiago Adrián Varela, imputado en la operación Pokémon por falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho, haya valorado ahora (o le hayan hecho valorar...) que no era de recibo que todos los santiagueses costeasen la minuta para que un despacho de abogados defienda unos intereses que no son, ni de lejos, los de los vecinos de Compostela. Pero el daño al prestigio (que le quede...) a la institución ya está hecho: que el gobierno local firmara y defendiera ese trato de favor, hacia la persona que sea, es mucho más que indefendible.