La ley electoral fija una regla de juego esencial del sistema democrático: la que determina la relación existente entre cómo se reparten los votos y cómo se distribuyen los escaños.
Y así, aunque solo excepcionalmente llega a ocurrir que la ley electoral transforme al perdedor en sufragios en ganador parlamentario -algo posible con una fórmula mayoritaria y circunscripciones muy desiguales-, lo habitual es que los sistemas electorales tiendan a beneficiar al ganador y a perjudicar al perdedor. Por eso se dice con razón que la legislación electoral también juega cuando varios partidos luchan entre sí por ver cuál se alza con el premio gordo del gobierno.
De todo ello se deduce una conclusión elemental: que las reformas electorales, sobre todo las que pueden afectar a los mecanismos de traducción de votos en escaños, deben hacerse con gran tino y procurando siempre un alto grado de consenso. No hacerlo así puede convertir a quien impulsa la reforma en juez y parte, lo que constituye, por definición, una forma de injusticia.
El presidente Feijoo ha decidido rebajar el número de escaños de nuestro Parlamento regional con la intención de que nos ahorremos una parte del gasto que hoy genera. Lo cierto es, sin embargo, que mientras que la reducción que se plantea supondrá un ahorro muy poco relevante, el destrozo que políticamente podría provocar la imposición de la reforma con los únicos votos del PP podría ser fenomenal.
Por eso, aunque el PP dispone de la mayoría necesaria -la absoluta- para sacar adelante la rebaja del número de escaños, su reforma debe garantizar que la proporcionalidad actual del sistema (que ya beneficia con toda claridad a Ourense y Lugo en detrimento de Pontevedra y A Coruña) no menguará. Sin esa garantía, le reforma sería un trágala y la oposición podría proclamar con toda la razón que la Xunta ha utilizado una disculpa económica para convertir a aquella reforma en su aliada para mantenerse en el poder. Una forma de proceder, esa, democráticamente inaceptable.