La Xunta asegura que tendrá la última palabra sobre el futuro de Ence en la ría de Pontevedra
19 may 2013 . Actualizado a las 06:00 h.El ámbito de la Ley de Costas con más incidencia sobre la actividad empresarial es el dominio público marítimo-terrestre, que es el terreno del Estado que queda a menos de 20 metros del mar. En Galicia, donde las empresas instaladas en el litoral representan el 70 % de los ingresos industriales de toda la comunidad, hay 367 actividades empresariales (de ellas, 21 hoteles) y 424 viviendas en suelo de dominio público. Todas ellas precisan de una concesión estatal que la reforma plantea ampliar por 75 años. El caso más controvertido en la comunidad gallega es el de Ence, cuya concesión en el emplazamiento que ocupa en la ría de Pontevedra expira en el 2018. La Xunta asegura que no habrá ninguna prórroga automática para esas industrias y que, por tanto, suya será la última palabra sobre la continuidad o no de la pastera en su ubicación actual.
La decisión no debería presentar mayor dificultad, aunque en este debate los matices empiezan a ganar terreno a los compromisos. Feijoo renovó en el programa electoral con que revalidó su mandato, en octubre pasado, la misma promesa con que había llegado a la Xunta en el 2009, en cuanto a la determinación de que Ence deberá mudarse de domicilio dentro de la ría de Pontevedra en el 2018. Además del PP, PSdeG y BNG llevaron en sus programas el mismo compromiso que también comparte AGE. Pero esa unidad de criterio se ha agrietado en las últimas semanas entre los populares. El barón pontevedrés del partido, y presidente de la Diputación, Rafael Louzán toca la clave de los empleos y apuesta por que Ence «continúe xerando riqueza en Pontevedra durante moitos anos». Y Feijoo se muestra ahora menos categórico que su programa electoral, y pide un gesto a la papelera: «Vamos ver que din as institucións, que oferta Ence, que melloras económicas está disposta a facer a empresa e, con toda esa información, a Xunta decidirá». ¿Pero está realmente esa decisión en manos del Gobierno gallego? La Consellería de Medio Ambiente lo tiene claro. «A nova Lei de Costas é moi clara. Serán as comunidades, e neste caso a Xunta, as que deberán emitir un informe determinante. Isto quere dicir que antes non se preguntaba á Xunta [sobre la renovación de las concesiones] e agora si, e que a Xunta terá a última palabra. O seu informe prevalecerá sobre o da Administración central», señala.
Además de Ence, entre esas 346 empresas costeras predominan las piscifactorías, las conserveras (como Isabel, en O Grove, que renovará por otros 75 años una concesión que caducaba en este) y también industrias de gran calado como Alcoa, Reganosa o Navantia. En cuanto a las viviendas, la reforma deja fuera del dominio público 93 casas en Moaña que fueron construidas en suelo urbano antes de la entrada en vigor de la ley (1988). De las 424 restantes que quedan en suelo del Estado, 198 están en la costa de Pontevedra, 188 en la de A Coruña y 38 en la de Lugo (25 de ellas, en un mismo bloque en la ría de Viveiro). La autorización de cualquier evento lúdico o actividad en las playas queda bajo la competencia de la Delegación del Gobierno, que deberá parar construcciones que invadan el dominio público.
Con información de María Cuadrado, Bea Costa, Ana Gerpe, Bea Abelairas, Cristina Viu, Marcos Gago, Francisco Varela y Luis Carlos Llera.