Sanidade asegura que ninguno de los 16.108 pagos librados en siete años fue para Dorado
GALICIA
La oposición desconfía de los datos e insiste en reclamar los expedientes. El PSdeG quiere revisar bien los papeles para decidir si los envía al juzgado
17 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Ni la Consellería de Sanidade ni tampoco el Servizo Galego de Saúde (Sergas), organismo dependiente de la anterior, llegaron a firmar contratos o a autorizar pagos menores a las empresas vinculadas al narcotraficante Marcial Dorado en la etapa en que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ejerció como número dos de esta consellería junto a Romay Beccaría o mantuvo relaciones con el capo arousano. Así lo afirmó ayer ante el Parlamento el secretario xeral técnico de Sanidade, Antonio Fernández-Campa, una vez que se revisaron las 16.108 operaciones de pago de suministros energéticos e informáticos correspondientes al septenio 1992-1998, en atención a la petición cursada por el grupo del PSOE en la Cámara el pasado 3 de abril.
Fernández-Campa compareció a petición propia ante la Comisión parlamentaria de Sanidade para dar explicaciones sobre la petición de documentación cursada por los socialistas, toda vez que dejó claro que el volumen requerido «sería inmanexable», al margen de que la mayor parte de los papeles «non se conservan no Sergas», debido a que tiene más de 10 años de antigüedad y no existe la obligación de conservarlos.
«Sería como traer as camas»
Es más, el alto cargo de Sanidade abundó que pretender llevar a O Hórreo todos los expedientes requeridos -contratos de suministro energético, de combustible e informáticos de Sanidade y centros del Sergas con todas las empresas entre los años 1992 y 1998- sería «como se nos piden que traiamos todas as camas do Sergas ao Parlamento». Un «imposible», esgrimió.
Así que optó por aportar la información verbalmente, destacando, en primer lugar, que no había «ningún contrato nin operación contable» de Sanidade o del Sergas con el entramado empresarial de Dorado. «Nin no período que vostedes solicitan nin noutro, nin durante a etapa do bipartito», insistió ante los diputados de la oposición.
Agregó que en el citado septenio se contabilizaron 16.108 operaciones de pago por valor de 96,6 millones de euros a unos 600 beneficiarios, de las que algo más de 11.000 correspondían a pagos de suministros energéticos, por un importe de 67,3 millones, y otras 4.800 operaciones eran por prestaciones informáticas por un montante global de 29,3 millones.
Fernández-Campa también puso de relieve que las órdenes de pago correspondían a todos los centros de Sanidade y el Sergas, incluyendo los 400 centros de salud y una veintena de hospitales, pero se mostró más errático a la hora de precisar si dichos expedientes se habían trasladado a otra parte o si habían sido destruidos. «A maior parte da documentación non se conserva xa no Sergas, pois teñen transcorrido xa máis de 10 anos», sostuvo el representante autonómico, sin más aclaración.
«Non nos podemos fiar»
La oposición tildó la explicación de «absurdo» y de «burla». «Xa non nos podemos fiar se non hai papeis», advirtió la diputada Eva Solla (AGE), mientras la socialista Carmen Acuña advirtió que su grupo seguiría reclamando los expedientes porque quiere «analizar con calma se esa información debe ser remitida ao xulgado» para ver si existe alguna «responsabilidade penal», dando por descontado que ya existe responsabilidad política en el caso. Montse Prado (BNG) acusó a la Xunta de hacer «un uso partidista e vantaxista» de la información administrativa, al manejarla verbalmente a su antojo.
Miguel Santalices fue el encargado de defender la posición del PP y de la Xunta. Y le espetó a los portavoces de la oposición: «Vostedes non buscan información, nin moito menos, buscan a difamación». Fernández-Campa, a su vez, sugirió que los papeles que se conserven en el Sergas podrían haberse remitido si se acotara la petición a algunas empresas. El PSOE explicó que solicitaron todas porque no sabían hasta donde podía llegar la sombra de Dorado.