Se cuentan con los dedos de una mano, y sobran dedos, los casos en que una comisión de investigación constituida en las Cortes Generales o en algún parlamento regional haya servido para concluir algo distinto a aquello que desea quien en cada asamblea tiene mayoría. Por eso las comisiones de investigación ?un instrumento parlamentario de indiscutible utilidad para analizar en profundidad un problema político, económico o social y para, a partir de tal análisis, buscarle solución? se han convertido en nuestro país en simples caricaturas de lo que en realidad debieran ser. Cuando la oposición pide en España la creación de una de ellas lo hace con la única intención de tirar contra el correspondiente poder ejecutivo. Y cuando un gobierno opta por su creación ?por iniciativa ajena o propia? resulta patente la voluntad de manipularla en su propio beneficio. Es difícil imaginar un asunto más oportuno que el de la corrupción para proceder en cualquier lugar de España a la constitución de una comisión de investigación: su gravedad, la alarma que ha generado y los destrozos producidos por la corrupción en todos los órdenes de la política lo demuestran así con claridad. Tan difícil como creerse que alguien quiera (o acepte) crearlas con el objetivo de llegar al verdadero fondo de un asunto endemoniado y en el que no hay partido libre de pecado.