Un sarriano aún paga el IBI por el terreno cedido para un vial hace 11 años. El afectado recibió hace dos meses una notificación de embargo de 1.800 euros
19 sep 2012 . Actualizado a las 07:00 h.De nada le sirvieron a Manuel Toirán López las gestiones realizadas en las oficinas del Catastro de Lugo desde hace más de una década para que no figurase a su nombre la mitad de una parcela de su propiedad que pasó a formar parte de una glorieta y de la calle Eduardo Pondal, en Sarria. Once años después de su construcción, sigue teniendo que abonar el recibo del impuesto de bienes inmuebles correspondiente a una vivienda unifamiliar y a un terreno de algo más de 1.600 metros cuadrados, a pesar de que la superficie real no llega a los 800.
La indignación del sarriano también va contra el Concello, que pagó parte de la urbanización de la calle y es conocedor de la situación. De rebote, Manuel mete en el saco a la Diputación, que subvencionó otro porcentaje de la obra y ahora es la encargada de la recaudación municipal. Paga unos 700 euros anuales de IBI y desconoce cuánto le están cargando a mayores porque, si bien le ocuparon más de la mitad de la superficie, parte de esa cantidad corresponde a la vivienda que construyó en la parcela.
En 1990 consiguió la licencia municipal para una edificación unifamiliar en la salida de Sarria hacia Monforte, en una zona en la que actualmente hay una urbanización de edificaciones de las mismas características. Toirán López aclara que cuando le concedieron el permiso de obra constaba que perdía los derechos sobre los terrenos que tenía que ceder para el vial de acceso al lugar. En el 2001 el Concello acometió la urbanización y construyó la calle Eduardo Pondal, que parte de la carretera de Monforte y remata en una glorieta, precisamente donde tiene la finca este vecino.
Para la realización de las obras, entre el organismo municipal y la Diputación abonaron el 70% del coste. Los propietarios beneficiados tuvieron que aportar en conjunto el 30% restante, en función de los metros de fachada. Concretamente, a él le correspondió una cuota de unos 7.000 euros.
Comienzo del peregrinaje
Al año siguiente le llegó un recibo del IBI por el total de la parcela original, además de la edificación. Fue al Concello a reclamar y le dijeron que tenía que solucionar el problema en la oficina del Catastro en Lugo. Acudió allí y le indicaron qué pasos tenía que realizar para corregir el entuerto y adaptar la superficie de su finca a la situación real. Dice que tuvo que hacer varios trámites y viajes a la capital de la provincia, que está a 32 kilómetros, pero sospecha que los papeles fueron directamente a un cajón y ya no salieron más, porque al año siguiente comprobó que nada había cambiado en el recibo del impuesto.
Nuevamente, más reclamaciones y papeleo en el Catastro, porque en el Concello ya se habían lavado las manos hacía tiempo. Como el ceremonial se repitió periódicamente cada vez que recibía la notificación del IBI, recuerda que, cansado y enfadado, en el 2006 dejó de pagar el impuesto durante un par de ejercicios. Le aseguraron que volverían a mirar el asunto, pero no pasó de ahí la gestión. Nuevamente volvió a contribuir con las arcas municipales cuando vio que tampoco esa medida de presión surtía efecto.
Sin embargo, el fisco no se olvidó del vecino. Hace algo más de dos meses recibió la notificación de un embargo y le descontaron más de 1.800 euros de su cuenta bancaria. «Paréceme unha desfachatez total e unha inxustiza, porque eles teñen débedas comigo dende hai 11 anos e non más pagan a pesares de que as reclamo e de que presentei toda a documentación que me pediron», afirma el afectado.
Metidos en un cajón
Manuel Toirán está convencido de que todos los documentos y peticiones que fue entregando cayeron en algún cajón del que ya no volvieron a salir. Se confiesa indignado por varios motivos: porque el Catastro lleva 11 años sin corregir sus datos, por la capacidad de la Administración de embargar sin examinar los motivos y por la sensación de indefensión que tiene.
Con todo, aún le queda sentido del humor y bromea con un cartel en la glorieta del final de la calle que, dice, le pertenece porque paga los impuestos por ella y también financió una parte de la obra. Señala que si en algún momento alguien se presta a corregir el error, no sabe si reclamará que le devuelvan lo que le cobraron demás. «Deberiano facer de oficio, pero eu estou canso e tampouco teño tempo para ir a Lugo cada dous por tres», concluye.
En la parroquia luguesa de Soñar, una vecina también lleva años como dueña del lavadero público por un error catastral.