El Tribunal Superior recibirá pruebas aportadas por el empresario
16 mar 2012 . Actualizado a las 13:24 h.La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordó en una reunión celebrada ayer el caso de la presunta extorsión efectuada por parte de Jorge Dorribo al presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo. Según diversas fuentes, el órgano de gobierno de los jueces no adoptó decisión alguna al respecto porque no dispondría de toda la documentación necesaria.
El escrito que en su día el magistrado envió al presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) será remitido al CGPJ. De la denuncia que presentó se ocupará la Fiscalía, por ser la institución elegida por el juez para formularla. Y la Sala de lo Penal del TSXG analizaría, según algunas informaciones, la documentación que ha de enviar la jueza, a la que Jorge Dorribo no solo le contó detalles, sino que le entregaría presuntas pruebas, incluso algunas de ellas grabaciones. Además, la magistrada que tomó declaración al empresario ha de enviar también al Tribunal Superior una exposición razonada de la situación.
José Antonio Varela Agrelo, como magistrado, tiene la condición de aforado. Por lo tanto, cualquier decisión sobre él ha de ser adoptada inicialmente por el TSXG, de ahí que sea este órgano el receptor de la información. No ocurre lo mismo con las diligencias abiertas a Dorribo por cohecho después de, supuestamente, declarar que hizo entregas de dinero al presidente de la Audiencia. Este niega cualquiera vinculación y asegura que el empresario supuestamente transmitió a un amigo común que quería dinero a cambio de no hablar de él en su declaración ante una de las juezas de instrucción lucenses. En base a esta manifestación presentó la denuncia ante la Fiscalía de Lugo a media mañana del pasado martes.
El magistrado lucense, que se considera víctima de una extorsión, también recuerda que el único asunto civil que tramitó su sala con relación al propietario de Nupel fue desestimado. Asimismo, explicó que a finales de julio del año pasado le llamó la esposa del industrial, estando este encarcelado, para pedirle una audiencia, «petición que no fue atendida».