El equilibrio financiero que la concesionaria de la autopista tiene garantizado en la adjudicación de la explotación del vial conlleva que las inversiones que realice tanto en el mantenimiento de la AP-9 como en su mejora deberán ser reembolsadas por la Administración central, titular de la infraestructura. El Ministerio de Fomento pensó en un principio en aumentar el tiempo de concesión de la autopista para compensar de esa manera el desembolso que se va a realizar para dotar a Rande y a Santiago de un nuevo carril en cada sentido. La extensión de la AP-9 hasta Ferrol conllevó la ampliación del fin de la concesión por parte del Gobierno de Aznar del año 2023 al 2048. De esa manera, Audasa, parte ahora de Itínere, y a su vez propiedad de Citigroup, obtuvo en esa operación el plazo máximo de concesión que permite la ley, por lo que cualquier nueva ampliación temporal requeriría de la modificación de la normativa de concesiones del Estado.
Descartado casi por completo aumentar ese período de 75 años, Fomento aludió a la posibilidad de incrementar el precio del peaje en un céntimo, cantidad que no abonarían en cambio los usuarios locales de los dos tramos a ampliar. Por ello el ministerio se muestra más partidario de que sea a través de los Presupuestos del Estado de donde salga directamente el pago, aunque no descarta que se combinen distintas opciones.