El Gobierno gallego atribuye la crisis a un cambio de proceder y confía en solucionarla estos días
GALICIA
El órdago lanzado ayer por Ryanair no añade novedad alguna a la trayectoria de sus relaciones con la esfera pública. A la hora de establecerse en cualquier lugar, la empresa irlandesa procede siempre de acuerdo con un único y no confeso guión redactado por su presidente, Michael O'Leary. Inicia operaciones de vuelo tras firmar un convenio de cooperación económica con la institución de turno, luego se las ingenia para convertirse en imprescindible para el futuro de la terminal en cuestión -en Santiago acapara un tercio del mercado- y más tarde, ya desde esa nueva posición de fuerza, reclama una renegociación de condiciones. Y, como por cauces convencionales no logre lo que busca, convoca a la prensa para comunicar futuros recortes de servicios de los cuales culpabiliza a la otra parte contratante. Si ni aun así consigue que su interlocutor ceda, no duda en ejecutar los repliegues anunciados. Lo que ahora ocurre en Galicia ya sucedió en Valencia, donde la firma de bajo coste llegó a cerrar una base en Manises que, reconducidas ya sus relaciones con el Gobierno de aquella comunidad, recientemente reabrió. En el caso de Santiago la solución al conflicto parece más sencilla de alcanzar, no obstante. La Xunta sí se ha negado a rubricar un nuevo acuerdo con la empresa que garantice el mantenimiento de las rutas internacionales de Lavacolla más allá de enero. Pero no porque considere inadmisibles las ofertas del operador. Al contrario, le parecen «atractivas», en expresión del director xeral de Mobilidade. Simplemente entiende que, tras la constitución hace 10 meses de un comité de rutas aglutinador de los intereses de A Coruña, Vigo y Compostela, tiene que ser este y no Turgalicia, con independencia de donde salgan luego los fondos, el que resuelva este asunto (y otros similares). De hecho, la próxima semana se reunirá para abordarlo.