El informe de la Fiscalía Superior de Galicia se centra en el análisis de 182 incendios «de relevancia penal» del total de 1.834 fuegos declarados entre el 1 de agosto y el 5 de septiembre de este año. El balance constata que «baixo ningún parámetro» se pueden establecer comparaciones con la oleada incendiaria de agosto del 2006. De hecho, tanto Varela como García Ortiz destacaron que el número de incendios es bajo comparado con los períodos punta de otros años y del propio 2006.
Aunque en lo cuantitativo no hay comparación posible, en lo cualitativo las constantes siguen siendo las mismas que las conclusiones de la investigación conducida en el 2006. Por un lado, no existen tramas organizadas ni incendios provocados por lo que se ha dado en llamar «economía do lume» -industria de la madera y motivaciones urbanísticas- o por algún tipo de delincuencia organizada. De hecho, los artefactos encontrados para provocar fuegos siguen siendo igual de rudimentarios que otros años. Varela sí detecta, en cambio, alguna «motivación instrumental» relacionada con actividades económicas como la caza o el objetivo de ahuyentar jabalíes para evitar que destrocen las cosechas.
El informe tampoco encuentra indicios de intentar atentar contra vías de comunicación, infraestructuras o incluso áreas naturales protegidas. De hecho, no existen datos que relacionen la afección a 3.000 hectáreas de alto valor ecológico con el eventual malestar de los vecinos por las limitaciones que supone para su actividad la protección de espacios naturales.