Tanto el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández Álvarez, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles consideraron ayer que episodios como los protagonizados por el agente de Tráfico y por el cabo de Rodeiro son «hechos aislados». Y apelaron a la prudencia para no enjuiciar a un cuerpo por los delitos de personas concretas. Fernández dijo que la Guardia Civil tiene 82.000 miembros en España, y subrayó que si uno de ellos comete «una infracción disciplinaria o una de carácter penal no debe, ni mucho menos, alarmar. Son, como todo el mundo sabe, casos muy puntuales y absolutamente minoritarios». Resaltó que el instituto armado «tiene un potente servicio de asuntos internos» para «abordar la correspondiente investigación». De tal modo que, «cuando la actuación irregular de un guardia civil tiene carácter de infracción disciplinaria, el propio instituto armado da el tratamiento correspondiente. Y si es de carácter penal se colabora con la autoridad judicial para que se aclaren las responsabilidades y se actúe en consecuencia». El subdelegado concluyó que «los mecanismos del Estado de derecho y la institución funcionan».