El PP tramita la baja de la alcaldesa y los concejales de Mos que promovieron la moción de censura
GALICIA
El PP tramitará la baja como afiliados solicitada por la actual regidora de Mos, Nidia Arévalo, y los otro siete ediles populares que promovieron en diciembre del año pasado, con el apoyo del tránsfuga Gerardo Alonso, la moción de censura contra el bipartito (PSOE-BNG) que gobernaba el municipio. De esa forma evitarán la expulsión en el caso de que resulten condenados en Madrid por vulnerar el pacto antitransfuguismo. Los ocho concejales populares anunciaron que han pedido la «baixa cautelar, antepoñendo os intereses do PP sobre os nosos propios». La solicitud no caerá en saco roto ya que el comité de Derechos y Garantías que preside Celso Delgado, y que se reunirá en los próximos días, la aplicará automáticamente. Nidia Arévalo se remitió a los antecedentes de la moción de censura para argumentar su actuación entonces y ahora. La regidora afirmó que, «ata entón Mos vivía unha situación de crise política na que os máximos responsables eran os veciños e para poñer fin a estas situacións de desgoberno están previstos mecanismos legais como a moción de censura». Sostiene que «cando o grupo local decidiu utilizar este mecanismo lexítimo e legal era consciente da utilización política que o PSOE ía facer da mesma, como ocorreu». Arévalo y los otros siete ediles mantienen: «Dende hai anos compartimos, e seguramente seguiremos compartindo, o ideario e o proxecto do PP pero tamén somos conscientes de que o PSOE, ante a ausencia de liderazgo e propostas, tentará seguir utilizando a moción de censura como un medio de desgaste». Sin expulsión del partido La decisión de los concejales evitaría, además, su posible expulsión directa del partido, lo que, por otra parte, impediría a Arévalo optar a la reelección por el PP. Núñez Feijoo desautorizó en su día la censura por vulnerar el pacto antitransfuguismo suscrito por los partidos. La condena no prosperó en la última reunión de seguimiento del pacto celebrada en Madrid en diciembre porque no se alcanzó la unanimidad, ya que el representante del PP no asumió los argumentos del PSOE y del BNG. El caso quedó en manos de un comité.