Una familia de Codeseda, en el municipio de A Estrada, consigue evitar la demolición de su vivienda en los últimos minutos, cuando las palas ya iban a actuar
10 feb 2009 . Actualizado a las 02:32 h.La familia de Ramón Picallo, un vecino de Codeseda (A Estrada) que trabaja desde siempre en esta parroquia, construyó hace años una vivienda unifamiliar junto a la nueva variante de la carretera de A Estrada a Forcarei que evita el tráfico rodado por la propia localidad de Codeseda. Consiguió una licencia municipal, pero muy pronto se vio acosado por una denuncia, de una vecina que vivía a pocos metros, por irregularidades en la construcción de la casa, de dos plantas.
El pleito cubrió casi una década, y solo pareció llegar a su final hace poco más de un año, cuando el Tribunal Superior de Xustiza dictó una orden de demolición del inmueble en su totalidad, aunque solo una esquina resulta ilegal y el resto se ajusta a la licencia conseguida en su día.
Recurso de última hora
A las nueve de la mañana de ayer operarios y maquinaria deberían haber iniciado la demolición, una tarea que debían completar en quince días. A esa hora, los trabajadores y las palas estaban apostados a poca distancia de la vivienda. Pero en el último momento llegó una orden que les impidió actuar. Un último recurso interpuesto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, como desesperado intento de evitar lo que parecía inevitable por parte de los abogados defensores de la familia, había logrado su pretensión.
El recurso fue admitido hace unos días, estimando el juez que cabe aplicar la medida cautelar de posponer el derribo hasta que el asunto se resuelva. El recurso en cuestión aludía a una decisión del Concello de A Estrada, denegando la posibilidad de legalizar la parte del inmueble que es irregular. La medida de paralizar la demolición no se conoció en el Concello hasta ayer mismo a primera hora.
Lluvia y policía
Por ello, a las nueve de la mañana había un dispositivo policial con varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local acordonando la casa. A esa hora -con una pertinaz lluvia- ya se habían concentrado bastantes vecinos en la zona, donde también se encontraban, desde la madrugada, algunos tractores situados en puntos estratégicos que, según sus dueños, tenían problemas para arrancar. Poco después se personaron responsables municipales de Urbanismo y varios abogados, y se informó sobre la medida cautelar de posponer el derribo. En pocos minutos no quedó nadie en torno a la casa.
De prosperar ese último recurso, y aunque se mantenga la orden de demolición de la vivienda, el Concello estradense podría tener alguna responsabilidad patrimonial ante las pérdidas que sufrirá la familia. Portavoces de los Picallo señalaban ayer que van a perder más de 200.000 euros si les tiran la casa.
En cuanto a la posibilidad de que finalmente no haya demolición, los afectados se mostraron algo escépticos: «Sabemos que es una tregua -señalaron-, pero es difícil que la Justicia rectifique. Nosotros seguimos luchando y peleando, porque pensamos que bien se podría legalizar ese trozo de casa que resulta ilegal». Indicaron también que cuentan con el trabajo de un tasador judicial para determinar cuánto van a perder si les derriban la casa. La familia sacó de ella todas sus pertenencias hace una semana. Poco después les cortaron la luz.