Si finalmente el DOG publica un decreto de disolución del Parlamento para convocar las elecciones este otoño, el mandato del bipartito que integran el PSOE y el BNG se vería reducido en más de ocho meses, aguando así las posibilidades de que se aprueben varios proyectos de ley, como el de Pesca, Vivenda o el de Servizos Sociais, a la vez que provocará que la Xunta se vea forzada a aplazar sine die planes anunciados ya hace tres años, como el de Acuicultura, el de Ordenación del Litoral o incluso las Directrices de Ordenación del Territorio, que el único trámite por el que pasaron fue el de la presentación a la prensa.
También la resolución del concurso eólico, con el que la Consellería de Innovación, en manos del BNG, se propone repartir más de 2.300 megavatios de potencia, podría verse alterado, pues en caso de que Touriño apostase por fijar las elecciones para el 9 de noviembre, el Ejecutivo entraría en funciones a partir del 15 de septiembre, restringiendo drásticamente su margen de maniobra.
Resultaría chocante que el PSOE y el BNG se aplicasen la receta puesta en marcha por el PPdeG y resolviesen las concesiones eólicas estando en funciones, aunque el único inconveniente fuera el ético, pues cuando el Ejecutivo de Fraga adjudicó, tras convocar ya las elecciones del 2005, las licencias de radio y televisión o los contratos mayores de la Ciudad de la Cultura, los grupos que ahora están en el Gobierno no ahorraron en críticas.