El PSdeG dice que las irregularidades detectadas por el Consello de Contas en el PP rozan la corrupción

La Voz

GALICIA

El portavoz de los socialistas en el Parlamento gallego, Ismael Rego, aseguró ayer que existe un informe del Consello de Contas que detectó irregularidades por parte del anterior Gobierno del PP que rozan la corrupción, y que todas ellas están muy cerca de la gestión del presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo.

Rego explicó que el documento señala que hay un tráfico de influencias muy claro y muy serio en cuanto a las concesiones de minicentrales y parques eólicos, informa Efe, además de anomalías, discrecionalidades y adjudicaciones donde no se tienen en cuenta las ofertas más bajas que presentan las empresas. Además, el portavoz del PSdeG señaló que hay tráfico de influencias en la adjudicación de ciertas parcelas para gestión industrial, ya que, tras ser adquiridas por particulares, la Administración pagó un precio muy superior a lo que costaron.

En cuanto a la construcción de viviendas de protección oficial, no se tuvo en cuenta el estado de necesidad de las áreas de construcción, y puso como ejemplo el caso de Pereiro de Aguiar, donde se construyeron más de cien viviendas protegidas cuando la demanda era de tan solo ocho, lo que significa que Núñez Feijoo «destinó recursos para viviendas de segunda residencia».

El cruce de acusaciones entre populares y socialistas sobre el Consello de Contas no acaba ahí. El popular Ángel Bernardo Tahoces denunció que el PSdeG no solo no rectifica nada de lo que evidenció el Consello de Contas en los últimos informes emitidos, sino que «minte para ocultar a súa xestión irresponsable ao incrementar as deficiencias denunciadas por estos».

En concreto, se refirió a las retribuciones anómalas descubiertas por el órgano fiscalizador por valor de 1.073.025 euros en la Fundación Urgencias Sanitarias de Galicia-061, o a la contratación irregular de ambulancias, que en el 90,5% de las ocasiones benefició al mismo licitador, y las irregularidades en el ámbito del transporte escolar, al continuar pagando a los transportistas cantidades relacionadas con la anterior ley educativa.